ENSENADA.- Tras atestiguar la Firma de Convenio para la Seguridad Social de Policías en la ciudad de Tijuana, el alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles, refrendó su compromiso con los y las policías de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).

Asimismo, celebró que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, dé cumplimiento a las solicitudes de los elementos policiales, peritos y fiscales del estado que carecían de seguridad social, al ser quienes arriesgan sus vidas para proteger a los y las ciudadanas.

El presidente municipal subrayó que sumado a las acciones estatales, en su gestión como administrador de Ensenada, se han homologado los salarios de elementos de la DSPM, además de otorgarles seguro de vida al ser una labor de alto riesgo la que el personal realiza día a día.

Ayala Robles adelantó que durante este mes se estará entregando equipamiento y unidades último modelo para reforzar las labores de prevención y vigilancia que llevan a cabo en las distintas delegaciones municipales.

En tanto la mandataria estatal, Marina del Pilar Avila Olmeda, aseveró que la estrategia de Seguridad Ciudadana ha sido concedida bajo un nuevo parámetro operativo, ético y moral enfocado a brindar seguridad a los bajacalifornianos, sino también en la implementación de políticas públicas de prevención del delito y la violencia.

La gobernadora afirmó que la vocación de los gobiernos de la cuarta transformación es ser verdaderos promotores de la paz, además de dar prioridad a la seguridad social y laborales de los policías como piezas fundamentales de la tranquilidad en el estado.

“Nuestra labor debe ir más allá de prevenir y combatir el delito, porque somos quienes debemos generar y garantizar una zona de sana convivencia ciudadana y cultura de paz en Baja California”, reiteró Avila Olmeda, al tiempo que dijo que su gobierno valora la buena labor policiaca, fiscal y de peritaje.

También resaltó que cuentan con su respaldo, ya que sin ella no se podría hablar de una buena estrategia de seguridad y protección ciudadana, por lo que ya se tiene etiquetado un monto para la seguridad social por 250 millones de pesos, mismo que fue aprobado por el Congreso del Estado.

Alejandro Monreal Ortega, presidente de la Federación Policial de Baja California, A. C., agradeció al Poder Ejecutivo de Baja California y a los alcaldes de cada municipio por dar cumplimiento a esta necesidad de los elementos policiacos de la entidad.

Tras pedir un minuto de silencio en memoria de los y las 72 policías, peritos y fiscales que han fallecido a causa de COVID-19 desde marzo 2020 a diciembre 2021, precisó que este convenio dará certeza en materia de atención a la salud de las y los oficiales y de sus familias.

“Lamentablemente muchos de ellos y ellas no pudieron ser despedidos o velados de la manera habitual por temas sanitarios, además que muchos de esos casos fallecieron, no solo policías, sino sus parejas y por ese motivo es que fundamos esta asociación”, explicó el presidente.

Monreal Ortega refirió que en el cumplimiento de su deber 22 policías han sido abatidos, lesionados o heridos en los distintos Ayuntamientos, entre ellos Raúl Paredes Esquer, presidente del Colegio de Profesional de la Policía de Playas de Rosarito y miembro de dicha federación, quien fuera abatido en el 2021.

Asimismo, perdieron la vida Víctor Manuel Ruiz Ponce, presidente de la Asociación de Agentes Municipales de Ensenada, asesinado el año pasado en la delegación de Maneadero y quien fuera parte de los fundadores de Federación Policial de Baja California, A. C., al igual que Luis Enrique Montoya Núñez, secretario de la Asociación de Policías de Tijuana, asesinado al evitar un secuestro.

Consideró que Baja California será ahora un referente en materia de seguridad social para policías, fiscales y peritos, ya que es de las primeras entidades en hacer este tipo de convenios que fortalecerán los servicios de salud para los elementos en activos y jubilados.

En el evento estuvo también Gilberto Landeros Briseño, secretario de Seguridad Ciudadana del Estado Baja California; integrantes de distintas asociaciones policiales de Mexicali, Ensenada y Tijuana; integrantes de la Fiscalía General del Estado, entre otros invitados.