MEXICALI.- Presentan por oficialía de partes, iniciativa de reforma a la Ley de Edificaciones del Estado de Baja California, así como adicionar un artículo a la Ley de Responsabilidades Administrativas y al Código Penal, con el objetivo de prevenir a través del endurecimiento de las leyes, que no se sigan realizando actos de corrupción para otorgar el uso de suelo en zonas prohibidas.

En su exposición de motivos, el diputado inicialista Ramón Vázquez Valadez, destacó el evento de dimensiones trágicas que sacudió la colonia Camino Verde, en el corazón del distrito que representa en Tijuana.

“Han pasado intensas semanas de labor de Gobierno, y doy testimonio en esta Tribuna de la alta sensibilidad y responsabilidad social con la que se está abordando la búsqueda de soluciones inmediatas para apoyar la subsistencia humana, y las más complejas medidas de largo plazo para hacerles justicia a estos ciudadanos que lo perdieron en unas horas todo”.

Estos siniestros también han sucedido en otras colonias como la Sánchez Taboada y el Rubí, por citar las más recientes, afectando el patrimonio de miles de personas, es por eso que aunado a la gestión social y al trabajo de representación, propone medidas legislativas de corrección y solución a estos problemas tan antiguos.

La colonia Camino Verde de Tijuana cumplirá 38 años de haber sido fundada y su origen es producto de una invasión de tierras, corrupción, omisiones, dolo y colusión, para el desenlace que aconteció.

“Por eso esta propuesta se enfoca en endurecer el mecanismo del Código Penal estatal por el que se crearon delitos especiales para sancionar a invasores, constructores y a servidores públicos que, por corrupción, trasciendan e impacten de forma negativa el desarrollo urbano. También realizar una serie de adecuaciones a la Ley de Edificaciones del Estado a efecto de prohibir las edificaciones que contravengan los atlas de riesgos”.

Asimismo, es importante establecer como responsabilidad administrativa grave, la conducta de expedir licencia, permiso, autorización, constancia o dictamen para realizar cualquier tipo de construcción, obra de infraestructura, equipamiento urbano, acción de urbanización o asentamiento humano sin atender el Atlas de Riesgos correspondiente y/o los planes o programas de desarrollo urbano expedidos en términos de las leyes aplicables.