Dejará enseñanzas, ya que el sistema político conocerá las áreas de oportunidad para futuras consultas… buenas intenciones deben acompañarse de acciones legales permisibles dentro del marco constitucional
TIJUANA.- Este domingo 10 de abril se llevará a cabo un evento histórico en el país, por primera vez los mexicanos decidirán, a través del voto, si continuará o concluirá el mandato del actual presidente de México. El Dr. Saúl Sandoval Perea, académico en CETYS Universidad Campus Tijuana explicará por qué es histórico y cuáles serán los efectos.
El académico en la Escuela de Administración y Negocios en Campus Tijuana refirió que la figura de la revocación de mandato fue aprobada en 2019, fue el INE el encargado de su organización y esta tiene que cumplir con ciertos criterios para que tenga efectos. La característica es que debe ser petición ciudadana por el 3% de la ciudadanía en el listado nominal en 17 estados del país por lo menos (en esta ocasión llegó a 7% por lo cual sí tuvo que organizarse).
“Para que la revocación de mandato sea válida o vinculante, es decir, saber si se le revoca o no el mandato al presidente, por lo menos el 40% de los ciudadanos (alrededor de 37 millones) registrados en la lista nominal debe participar. De ese mínimo de 37 millones de votos potenciales se decidirá, por mayoría absoluta (más de la mitad de los votos), el resultado, en cualquier dirección, de la consulta”, explicó el experto politólogo.
Esta votación es inédita en México a nivel presidencial, aunque ya se ha llevado a cabo en otros países latinoamericanos como Venezuela, Bolivia, Ecuador y existen procesos similares en Panamá, Colombia, Perú, Cuba y Argentina, aunque mayormente a nivel local y estatal. En 18 estados de Estados Unidos de igual forma existe la figura de la consulta popular para dirimir diversos asuntos de política pública.
De acuerdo con el Dr. Saúl Sandoval Perea, México es una República representativa, democrática, laica, y federal. En asuntos políticos, los ciudadanos, a través del voto directo, eligen a sus representantes ante los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Estos representantes, a su vez, se encargarán de transmitir y tomar decisiones políticas en nombre de los ciudadanos.
El sistema de democracia representativa (o indirecta) de un régimen político (es decir, que nos represente un presidente, junto con diputados y senadores) se sustenta en la lógica de que sería poco práctico solicitar continuamente la opinión de la ciudadanía para la toma de decisiones gubernamentales. Imaginemos el ritmo tan lento al que pudiera avanzar un país si todas las decisiones de gobierno se tomarán consultando a toda la ciudadanía.
“De esta forma, las consultas populares, o formas de democracia directa, pueden complementar, más no sustituir, a las democracias representativas porque el ciudadano estaría participando más activamente en la vida pública del país ayudando a la consolidación de un sistema democrático.
Uno esperaría que las consultas populares sean genuinamente de inquietudes ciudadanas y que fueran reflejadas en preguntas de consulta relevantes, claras, y precisas, esto es, sin ambigüedades en su redacción para evitar confundir al electorado.
El docente de CETYS externó que previo a la votación del 10 de abril, hay varias controversias, entre las que resalta que actores, tanto a favor como en contra de la revocación, han incumplido con la orden constitucional que autoriza exclusivamente al INE para realizar la promoción de dicha consulta. “Esto genera un precedente inadecuado que afecta la credibilidad de futuras revocaciones de mandato del presidente en turno.
¿Qué pasará después?
En 2021 participaron alrededor del 7% del electorado en la consulta popular, por lo que los pronósticos de participación ciudadana están limitados. El académico de CETYS advirtió que de no llegar a las urnas 37 millones de ciudadanos a emitir el voto, sea a favor o en contra, no habrá consecuencia legal referente a la revocación y el presidente en turno continuará su mandato.
Sin embargo, sin importar el resultado, dejará enseñanzas, ya que el sistema político conocerá las áreas de oportunidad para futuras consultas populares de este tipo. “Buenas intenciones deben acompañarse solamente de acciones legales permisibles dentro del marco constitucional”, finalizó el Dr. Sandoval.