MEXICALI.- El Gobierno del Estado se encuentra en estrecha comunicación con el Gobierno Federal, buscando formalizar un convenio de colaboración, que busca lograr el objetivo de regularizar los vehículos de procedencia extranjera, afirmó el secretario de Hacienda de Baja California, Marco Moreno Mexia.

El funcionario estatal señaló que recientemente el Gobierno del Estado envió una propuesta de convenio a la Federación, la cual fue recibida favorablemente, proponiendo una implementación escalonada.

El proceso de escalamiento propuesto por Baja California considera tres etapas:

• Primera etapa en Tijuana, Mexicali y Ensenada, que permita afinar detalles técnicos y operativos en los primeros meses

• La segunda etapa será  establecer “macro módulos” en Tijuana, Rosarito, Mexicali y Ensenada

• Mientras que la tercera etapa constituirá la atención en todos los municipios (incluidos San Quintín, Tecate, San Felipe y el Valle de Mexicali)

Este plan tiene como objetivo lograr acelerar la ejecución del decreto y llevarlo finalmente a una escala masiva, que atienda a la mayoría de la ciudadanía que le aplique el decreto. 

El secretario de Hacienda en la entidad explicó que este 15 de marzo arrancó el sistema de citas por parte del gobierno Federal, logrando identificar algunos detalles técnicos que se reportaron en tiempo real al Registro Público Vehicular (REPUVE).

“Ya se está trabajando en conjunto con la Federación, para corregir estos detalles técnicos, mejorando así la operación del decreto en los siguientes días para beneficio de las y los ciudadanos de Baja California”, dijo Moreno Mexia.

El funcionario estatal reiteró que se busca mantener la facilidad del trámite para la ciudadanía, asegurando un costo de dos mil 500 pesos por el trámite más lo referente a la matrícula del vehículo, estableciendo un tope en los costos para que no se excedan los cinco mil pesos totales y sin la necesidad de utilizar intermediarios adicionales.

Finalmente, reafirmó que se realizan las gestiones necesarias para acelerar la firma del convenio entre Estado y Federación y tener un punto de partida sólido que permita el proceso de regularización escalonado antes mencionado.