TIJUANA.- Decenas de familias asentadas en la zona del deslizamiento en Camino Verde, iniciaron la evacuación de sus vivienda esta mañana, luego que se registrasen nuevos movimientos de tierra, poniéndolas en un mayor riesgo.

Una llamada al número de emergencias 9-1-1 alertó a los residentes de la colonia Camino Verde, por nuevos movimientos de tierra en la zona que ya había registrado deslizamientos desde el pasado 28 de febrero.

Los movimientos de tierra continúan y cada vez es mayor el riesgo para los habitantes del lugar, así como los daños en las viviendas. Aunque algunas casas ubicadas en el Cañón Víctor Islas Parra de la citada colonia, ya fueron desalojadas al registrar graves afectaciones, algunos residentes de la zona continúan rescatando la mayor cantidad que sea posible de sus pertenencias, para poder mudarse a un lugar seguro.

De acuerdo con el último reporte de la Dirección de Protección Civil Municipal, se tiene registro de 136 viviendas dañadas, de las cuales 133 fueron etiquetadas con engomado rojo, por ser de alto riesgo, mientras que en tres más, se colocaron engomados de color amarillo, que significa riesgo.

Debido al agravamiento de la situación, acordaron cerrar el tránsito vehicular en la calle Víctor Islas Parra, en tanto elementos de la Guardia Nacional iniciaron recorridos para verificar la evacuación de viviendas en la zona decretada como Zona de Emergencia.

En tanto, la Secretaría de Bienestar llevó a cabo un censo de las familias que viven en la zona afectada, mismo que arrojó lo siguiente: en total son 753 personas los que residen en el área afectada, 475 son adultos mayores de 18 años, 223 son menores de edad, 41 personas son adultos mayores, y 14 son personas con discapacidad.

El secretario de Bienestar, Gerardo López Montes, señaló que se están coordinando acciones entre autoridades de  los tres niveles de gobierno, “estamos trabajando de la mano por los habitantes de Camino Verde, para apoyarlos en la medida de lo posible; estamos realizando un recorrido para sensibilizar a las personas que siguen habitando las casas donde ya hay una falla estructural, y donde se corre el riesgo  de que se puedan desplomar y afectar a las familias”.