Fue promovido un juicio de garantías ante los tribunales federales, en contra de la determinación del Congreso del Estado para disminuir los requisitos que son exigibles para la designación del Fiscal General del Estado
TIJUANA.- El Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI) presentó un amparo, un juicio de garantías ante los tribunales federales, en contra de la determinación del Congreso del Estado a propuesta de la gobernadora Marina del Pilar en la que se hace una modificación al Artículo 70 de la Constitución del estado para disminuir los requisitos que son exigibles para la designación del Fiscal General del Estado.
Carlos Atilano Peña, presidente de dicha Asociación señaló que a estas alturas ya todos saben se reduce a cinco años el ejercicio profesional y la experiencia del fiscal los cuales se computan a partir de la fecha de expedición de la cédula federal, lo cual consideran un retroceso para lo que requiere nuestro Estado en cuando a acciones de seguridad.
“Sin embargo por considerar que es demasiado laxo, muy flexible muy poco el plazo de la experiencia se contraviene la constitución que requiere que en la materia de seguridad pública, de investigación de delitos y toda institución relacionada con mejorar las condiciones de seguridad deben ser profesionales experimentados, conocedores del tema y en ese sentido se vulnera la constitución federal concretamente su art. 116, el cuerpo de abogados de COCI presento el día de ayer un amparo para que esta norma se revierta, quede sin efecto y se establezca cuando menos el minino de 10 años de ejercicio profesional”
Atilano Peña lamentó y reprobó que esta reforma se haya implementado con la única y exclusiva finalidad de que quien ya está previsto para esta posición alcance a cubrir los requisitos, que en este caso es Ricardo Iván Carpio Sánchez quien ya fue presentado dentro de la terna y en primer lugar con el claro mensaje que sea él designado por parte del Congreso del Estado.
“Consideramos que la Gobernadora cerró las puertas a perfiles más adecuados, más experimentados y sobre todo lo más grave es que se sigue impulsando este proceso de militarización donde el Secretario de Seguridad Pública es un Militar, ya que también la propuesta del fiscal proviene de la milicia”, apuntó.
Por último, indicó que no es lo más conveniente para las condiciones de inseguridad que privan en nuestro Estado, por lo que COCI hace un llamado a la reflexión a los Diputados del Estado, a la Gobernadora, para que no dejen de escuchar voces autorizadas como lo son los Colegios de abogados, a Federación de Abogados, la Alianza de Abogados y en todo caso se haga una convocatoria abierta para escuchar las propuestas correspondientes.