ENSENADA.- Una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el Presupuesto de Egresos de la Federación fue presentado por los coordinadores del PAN, PRI y PRD de la Cámara de Diputados, ya que transgrede el principio de progresividad, el cual fue incorporado en el artículo 1 constitucional en la reforma del 2011, explicó la Diputada panista Lizbeth Mata Lozano.

Dijo que la finalidad de este principio consiste en que los derechos se desarrollen de manera gradual y evolutiva, es decir, que no permanezcan estáticos, tal y como lo sostiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

La legisladora, señaló que esta es la primera acción que los 3 partidos que conformaron la alianza Va por México, han presentado sobre la progresividad, además de que el presupuesto aprobado transgrede es regresivo, pues recortó y no hubo aumentos a programas presupuestales orientados a la protección o que garanticen los derechos humanos de los mexicanos.

Lizbeth Mata, explicó que algunos de estos programas permitían avanzar en una mayor cobertura en los rubros de educación, salud, fortalecimiento del federalismo y protección a la mujer, entre otros.

Ejemplos hay muchos, expuso, uno de ellos es el INSABI, el cual sigue sin garantizar la cobertura a los beneficiarios, tal y como los había con el seguro popular.

La población debe saber, que en el programa de “Atención a la salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral”, hubo un recorte de aproximadamente 10 mil millones de pesos, por lo que se considera la regresividad del presupuesto de egresos aprobado.

En educación, sucede los mismo, dijo, ya que se dejan de lado los programas para abatir el rezago educativo, principalmente en aquellas zonas vulnerables del país, que si se suma a la desaparición de los programas de Escuelas de Tiempo Completo, Atención a la Diversidad de la Educación Indígena, entre muchos otros se afecta a la niñez mexicana.

Lizbeth Mata, señaló que respecto a los programas enfocados a la igualdad y protección de la mujer ante la violencia, el presupuesto aprobado también resulta regresivo, y se demuestra con el recorte en los programas para promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, los de atención a las víctimas y el dedicado a las estancias infantiles.

Dentro de las afectaciones al presupuesto, en lo relativo al medio ambiente se disminuyeron los recursos para áreas naturales protegidas y la protección de especies y ecosistemas, entre muchos otros.

De esta forma, expuso, las dos características de los derechos y los programas públicos que fundamentan la presentación de la acción de inconstitucionalidad son la progresividad y la no regresividad. Tanto el presupuesto de egresos en su conjunto, como los programas públicos en lo individual, deberían ser cuidadosos de estas características.

Respecto al mandato de no regresividad, se explicó que, una vez alcanzado un determinado nivel de satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, el Estado está obligado a no dar marcha atrás, de modo que las prestaciones concretas otorgadas en un momento determinado constituyen el nuevo estándar mínimo a partir del cual debe seguirse avanzando hacia la satisfacción plena de tales derechos.

Respecto al mandato de progresividad, explicaron que se deben adoptar las medidas necesarias hasta el máximo de los recursos disponibles, tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos.

En ambos casos, el presupuesto de egresos para 2022 aprobado está siendo violatorio y representa una amenaza a la democracia en México, pues afecta el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, obligándolos a materializar su mandato constitucional sin los recursos suficientes, y vulnerando así el derecho que tienen las y los mexicanos a participar en dichos procesos democráticos, como es el caso del proceso de revocación de mandato.