TIJUANA.- Ante la anunciada manifestación en la línea internacional de migrantes asentados en el Campamento del Chaparral, el Gobierno de Tijuana se deslinda de este tipo de acciones y reitera su disposición de seguir apoyándolos.

Los inconformes mostraron su desacuerdo por la suspensión del servicio eléctrico por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Estas prácticas, de acuerdo al  Artículo 368 del Código Penal Federal, son delitos.

Textualmente dice: “se equipara al robo y se castigarán como tal el uso o aprovechamiento de energía eléctrica, magnética, electromagnética, de cualquier fluido o de cualquier medio de transmisión, sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda disponer de los mismos”.

Cuando la CFE detecta este delito, corta el suministro eléctrico, cobra el consumo y toma medidas legales contra los titulares. Otra de las sanciones implica de tres a 10 años de prisión, así como el pago de mil días de salario mínimo como multa, además de la advertencia de que la práctica puede ser peligrosa por el uso de material flamable.

La Alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez, ha visitado el campamento en repetidas ocasiones para dialogar de manera abierta con las personas en contexto de movilidad y brindarles diversas opciones como la tomada por la familia Argueta Castro, que decidió regresar a Honduras, su país de origen.