PLAYAS DE ROSARITO.- Regidores de oposición del Cabildo de Playas de Rosarito presentaron una solicitud de juicio político contra la alcaldesa Araceli Brown Figueredo, por violentar el Reglamento Interno del cuerpo edilicio para aprobar la designación de Francisco Javier Arellano Ortiz como Secretario de Seguridad Ciudadana.

Encabezados por Silvano Abarca Macklis, los cinco ediles de oposición dieron a conocer los detalles del juicio promovido ante el Congreso del Estado, al lamentar que la alcaldesa y la mayoría morenista del Cabildo modificó el reglamento interior para poder designar a Arellano Ortiz como titular de Seguridad.

Explicaron que luego de tres sesiones, en las que intentaron aprobar la designación de Arellano Ortiz, no lograron las dos terceras partes de los votos del Cabildo, porque necesitan convencer a la oposición.

Lejos de establecer la comunicación, la alcaldesa Araceli Brown y sus regidores aliados decidieron modificar el artículo 14 del Reglamento Interno del Cabildo para, entonces sí, en una cuarta sesión, aprobar la designación del secretario de Seguridad Ciudadana con una mayoría simple de los votos de los ediles.

Por ello, dijeron los ediles de oposición, es que decidieron interponer una solicitud de Juicio Político contra la alcaldesa Araceli Brown, para que quede sin efecto las modificaciones al Reglamento Interno del Cabildo y temas como la designación del Secretario de Seguridad Ciudadana cuenten con el voto de dos terceras partes de los integrantes del cuerpo edilicio.

Dijeron que no habrán de entrar a una guerra de descalificaciones, como de la que han sido objeto desde el Cabildo, porque será el Congreso del Estado quien determine si procede o no el juicio político y si deben fincarse responsabilidades al violentarse el orden jurídico del ayuntamiento.

Recordaron que el tema de inseguridad es grave en Playas de Rosarito, por lo que la propuesta de la alcaldesa Araceli Brown, de ratificar a Arellano Ortiz en el cargo, debió analizarse a fondo, pero lejos de ello, se optó por violentar el marco jurídico del Cabildo.