CIUDAD DE MÉXICO.- La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador a instrumentar “de inmediato” políticas públicas para solucionar de raíz el fenómeno del contrabando automotriz.

La industria automotriz en México no descarta interponer amparos en contra el decreto del presidente Andrés Manuel López que regularizará los vehículos ilegales usados de procedencia estadounidense y canadiense, también conocidos como "autos chocolate", el cual fue anunciado este fin de semana.

Al reiterar que la medida gubernamental beneficia a “mafias criminales y la burocracia corrupta”, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), advirtió que “el instrumento jurídico que fundamenta la regularización emprendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador se evaluará la pertinencia jurídica de emprender acciones de defensa ante el Poder Judicial de la Federación”.

El sábado pasado, López Obrador concretó la legalización del contrabando automotriz, cuyo evento fue un acto protocolario en el que “estuvieron ausentes los lineamientos del instrumento jurídico que dará cauce a la regularización y en la que se habló de la corrupción del pasado, al momento en que se formalizaba la corrupción del presente”.

El jefe del Ejecutivo comentó que el decreto arrancará en los siete estados que tienen frontera con Estados Unidos: Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Baja California Sur.

Con la regularización de más de 500,000 automóviles que circulan en Baja California de manera ilegal, se podrán recaudar casi 300 millones de pesos que se quedarán en la entidad, según estimó el gobernador de la entidad, Jaime Bonilla Valdez.

Ante la falta de reglas de operación para implementar la regularización de los "autos chocolate", la Asociación que aglutina a más de 2,500 distribuidores de automotores nuevos, exigió al presidente López Obrador a instrumentar “de inmediato” políticas públicas para solucionar de raíz el fenómeno del contrabando automotriz.

Los empresarios que comercializan y producen vehículos en México advirtieron que la regularización “ilegal” de un parque vehicular de más de 1.5 millones de unidades de autos usados importados de forma ilegal desde Estados Unidos y Canadá provocará menores ventas de modelos nuevos -que de por sí enfrenta problemáticas por la pandemia por el Covid-19 y la crisis económica-, la caída en la recaudación de impuestos y la reducción en el valor de reventa de los autos usados nacionales.

La AMDA, a través del director Guillermo Rosales, se pronunció por “tolerancia cero” al flujo de vehículos en contrabando por los puertos fronterizos. “Es indispensable acabar con la corrupción aduanera; así como equipar tecnológicamente los puntos de revisión vehicular para identificar los vehículos con placas sobrepuestas, alteraciones documentales y daños mecánicos visibles”.

Sin conocer los lineamientos de operación del decreto automotor, los distribuidores pugnaron por desarrollar un plan integral de movilidad para la frontera norte, en el cual se incluyan disposiciones jurídicas, administrativas y financieras que permitan dotar de un sistema integrado de transporte público, infraestructura urbana y saneamiento ambiental mediante el concurso de los tres niveles de gobierno (Federal, Estatal y Municipal) y de la Iniciativa Privada.

Exigió el estricto cumplimiento del ANEXO No. 8 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los gobiernos estatales, mediante el cual asumen responsabilidades para combatir el contrabando automotriz.