CIUDAD DE MÉXICO.- La Diputada Federal, Lizbeth Mata Lozano presentó un exhorto a la Fiscalía General de la República para que en el ámbito de su competencia, atienda los delitos de delincuencia organizada ya que afectan la vida, seguridad y patrimonio de los mexicanos, dejando de lado las agendas de orden político o partidista.

La legisladora del Partido Acción Nacional, señaló que en homicidios dolosos, marcador relacionado con la actividad del crimen organizado, se ubica en los mayores niveles, alcanzado la cifra de más de cien mil decesos de esta naturaleza, casi cien por día en los últimos 3 años de este gobierno.

Lizbeth Mata agregó que en el documento denominado Hallazgos 2020, realizado por México Evalúa, se destaca que en nuestro país al 29 de septiembre de 2021 hay 92 mil 585 personas desaparecidas, correspondiendo 20 mil 056 al 2020, además de que en ese mismo año, se ubicaron 559 fosas clandestinas, principalmente en Jalisco, Guanajuato, Colima, Michoacán y Zacatecas.

La Diputada Federal, expuso que en Baja California en lo que va del año se han registrado 60,482 delitos, según la incidencia delictiva registrada ante la Fiscalía General del Estado, mientras que en el municipio de Ensenada, se ha colocado en el sexto lugar de ciudades más violentos del mundo, según el Ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo publicado el pasado abril por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública.

Si bien es cierto este panorama incluye la evaluación de todas las autoridades del país, el hecho es que la situación prevaleciente en materia del crimen organizado es uno de los grandes detonantes de la crisis de impunidad que padecemos, afirmó.

Mata Lozano afirmó que la política del ejecutivo federal de “Abrazos, no Balazos” se ha hecho extensiva a la Guardia Nacional y a la Fiscalía General de la República, ya que en tal sentido, incluso se ha señalado por instancias internacionales, una tercera parte del territorio nacional se encuentra bajo control del crimen organizado.

Tal parece que las autoridades en la materia carecen de directrices objetivas y pertinentes correspondientes a una política criminal de estado, pues en los ejercicios de rendición de cuentas de la FGR se da cuenta con un colapso interno y con una ineficacia institucional.

La diputada panista aseguró que esto se traduce en indicadores insatisfactorios en materia de esclarecimiento de conductas criminales, procedimientos de recuperación de activos, extinción de dominio e incluso asistencia jurídica internacional en los niveles más bajos de la historia reciente.

Lejos de atender los asuntos más graves y delicados en esta materia, lo que la ciudadanía observa es a una Fiscalía General de la República concentrada en temas correspondientes más bien a una agenda de orden político partidista, encaminada por el presidente.

Como ejemplo, dijo, se observan investigaciones que corresponden a una justicia selectiva, agendas de revancha, como el de los científicos del CONACYT e incluso asuntos de orden familiar.

El hecho de que la FGR sea un órgano constitucionalmente autónomo no significa que no deba rendir cuentas a la sociedad o que deba ejercer sus poderosas facultades sin un criterio de oportunidad que gobierne su actuación para atacar a los grupos criminales que mayor daño hacen al país, consideró.

El Punto de Acuerdo consiste en exhortar respetuosamente a la Fiscalía General de la República a sujetar su actuación conforme al interés nacional exige, abatiendo la impunidad de los delitos más lesivos al orden público en el ámbito de su competencia, como son lo delitos en materia de delincuencia organizada que afectan la vida, la seguridad y el patrimonio de los mexicanos, dejando a un lado agendas de orden político o partidista.