TIJUANA.- Aunque es un tema que ocupa de una resolución urgente y definitiva, es pertinente se escuche el punto de vista de los distintos sectores involucrados, por la trascendencia y consecuencias que traerá consigo a actividades productivas clave de la economía nacional y de la región fronteriza norte del país.

Lo anterior señaló el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana (CCE), Francisco Rubio Rangel, quien dijo que este el consenso al que se llegó en reunión con los Organismos Empresariales que conforman dicho consejo, coincidiendo que la intolerante proliferación de este tipo de unidades está desquiciando el entorno de seguridad que hoy vive nuestra ciudad.

Desde el punto de vista empresarial, afirmó, esta determinación de Estado, debe priorizar el impacto económico de dicha decisión, privilegiar el principio de legalidad, el factor seguridad pública y sobre todo que éste programa realmente esté enfocado a familias de medianos y bajos ingresos.

Esto en apego a principios que rigen dentro de la Iniciativa Privada tales como la legalidad, el estado de derecho y la práctica de la economía formal, resaltó el lider empresarial.

“Nos preocupa que esta iniciativa encierre mucha incertidumbre, pues al interior del Gobierno de la República se habla que se está trabajando en un plan de regularización de “autos chocolates”, pero ni siquiera en líneas generales se puntualiza cuál será el fundamento legal ni las condiciones bajo las cuales ésta se pretende llevar acabo”, expresó.

Rubio Rangel recalcó que dentro de esta región fronteriza, y más en particular para el sector automotriz y el comercio organizado de autos usados, es de suma relevancia tener muy en claro qué tipo de unidades, años modelo de las mismas y requerimientos que deberán cubrir los poseedores de “vehículos chocolate”.

En ese sentido, dijo que un aspecto que inquieta sobre manera, es que venimos observando que se ha intensificado la internación ilegal de automotores de distinta índole ante la expectativa de dicho programa, ya que a la fecha no se ha establecido un límite o padrón definitivo de unidades factibles de regularización.

El presidente del CCE de Tijuana detalló que se estima que en todo el Estado existen alrededor de 600 mil “vehículos chocolate”, cantidad que a diario irá creciendo mientras no se ponga un tope. Dejando muy en claro que los vehículos que estén fuera de ese empadronamiento serán inmediatamente embargados.

Pues en el Registro de Identificación Vehicular del Estado, se habla que existen registradas solo 40 mil unidades irregulares, lo cual es un punto rojo ante la expectativa de esta regularización, precisó.

“Finalizando el posicionamiento en este delicado tema por parte de los dirigentes de los Organismos Empresariales que integran el Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, coincidieron que es necesario terminar con estos constantes programas de regularización”, aseveró el dirigente del CCE de Tijuana.

Mencionó que los organismos empresariales hacen un llamado a las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del SAT y de la Agencia Nacional de Aduanas, para que previo al programa de regularización, emita una disposición o regla fiscal de comercio exterior.

Lo anterior para que se determine que todo vehículo que en adelante se haya internado ilegalmente al país, será embargado, otorgando un plazo perentorio de hasta 30 días, para que el interesado pueda desvirtuar los hechos, en caso contrario el vehículo pase a posesión del fisco federal, fincando las responsabilidades y sanciones correspondientes a los infractores, concluyó.