TIJUANA.- La demanda civil por daños interpuesta por el Gobierno de México en la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Massachusetts, EUA, en contra de algunas compañías vendedoras de armas es un acto decidido en aras de la seguridad de los mexicanos.

Así lo manifestó Alejandro Ruiz Uribe, delegado federal único en Baja California, luego de ser cuestionado por los medios de comunicación sobre los daños que han causado en nuestro país las prácticas comerciales negligentes que generan tráfico ilícito de armas en México.

El Gobierno de México pide que las empresas demandadas compensen a nuestro país por los daños causados por sus prácticas negligentes (el monto se determinará en juicio). También que se desarrollen e implementen estándares lo suficientemente razonables para monitorear y en su caso disciplinar a sus distribuidores.

Ruiz Uribe destacó también que esta demanda solicita que se incorporen mecanismos de seguridad en sus armas, incluido herramientas para prevenir que esas armas sean usadas por personas no autorizadas.

Además, expresó que estas compañías armadoras estadounidenses costeen estudios, programas, campañas en medios y otros eventos enfocados en prevenir el tráfico ilícito de armas y que las empresas cesen de inmediato las prácticas negligentes que ocasionan daño y que podrían ocasionar serias afectaciones en México.

Ruiz Uribe dijo que los argumentos principales es que los demandados tienen la obligación de no anunciar o distribuir armas que sean usadas para actividades ilícitas en México.

Agregó que los demandados tienen conocimiento pleno de que sus prácticas comerciales generan tráfico ilícito de armas en México y facilitan y apoyan el tráfico de armas a México.

Subrayó enérgico que el Gobierno de México ha tomado medidas razonables para tratar de protegerse de actividades ilícitas generadas por el tráfico ilegal de armas.

Finalmente expuso que esta demanda es procedente porque la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos en el caso The Sapphire, 78 U.S. (11 Wall.) 164, 167 (1871), resolvió que un gobierno extranjero al igual que cualquier persona extranjera puede demandar en Cortes estadounidenses si tiene una demanda civil contra cualquier persona en los Estados Unidos de América.

Cabe destacar que el Gobierno de México que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador, demandó ante dicha corte a las compañías armadoras: Smith and Wesson Brands, Inc. Barrett Fire Arms Manufacturing., Inc., Beretta U.S.A. Corp., Beretta Olding, S.P.A., Century International Arms, Inc., Colt´s Manufacturing companing Lc., Glock, Inc., Glock Ges.M.B.H., Sturm, Ruger and Co., Inc., Witmer Public Safety Group, Inc. D/B/A Interstate Arms