TIJUANA.- La reforma hecha a la Ley de Hidrocarburos mantiene en la incertidumbre a la industria, ya que inhibe la competencia en el mercado de combustibles y esto puede afectar a toda la cadena productiva.

Así lo señaló Valeria Vázquez Maulén, líder de Industria de Energía y Recursos de Deloitte México y Centroamérica, quien impartió la conferencia "Reforma a la Ley de Hidrocarburos y sus posibles efectos en las operaciones productivas", que organizó la Asociación de Industriales de la Mesa de Otay (AIMO), que preside Luis Armando Padilla Fitch.

"La Ley de Hidrocarburos regula todo lo relacionado a los productos del petróleo, donde lo más relevante para la industria es la parte de los combustibles, la gasolina", comentó la experta de Deloitte.

Recordó que la reforma hecha entre 2013-2014 tuvo un cambio en el régimen legal, donde hubo una apertura en el sector y se dio entrada a nuevas marcas en el mercado de las gasolinas.

Es una competencia que beneficia a los consumidores, afirmó Valeria Vázquez, ya que al tener más opciones se regulan los precios, la calidad y el servicio, entre otras cuestiones, sin embargo, la reforma actual pretende echar atrás este modelo y dar preferencia a Pemex, otra vez.

"De esta manera los privados que quieran entrar al mercado deben cumplir con mayores requisitos y, por otro lado, le permite a las autoridades revocar permisos ya otorgados, donde no se ven claros los motivos para revocar o suspender, de ahí viene la afectación", señaló.

Dicha reforma, detalló, recae en tres puntos principales: el primero es que quien quiera abrir una gasolinera bajo otra marca que no sea Pemex, debe contar con almacenamiento, lo cual es un requisito prácticamente imposible de cumplir, toda vez que en México no se tiene esa infraestructura, únicamente Pemex lo tiene.

Un segundo punto, añadió la experta, es que había un procedimiento para que entre los permisionarios se cedieran los permisos y la autoridad lo aprobaba en 90 días; ahora, si pasan 90 días se entiende que la autoridad rechazó el trámite y no se sabe por qué.

"El tercer punto, y lo más grave, es que le dan facultad a la autoridad para suspender permisos por motivo de la economía nacional, la seguridad nacional o la seguridad energética, los cuales son conceptos indefinidos, no hay una ley que defina cuándo un caso afecta la seguridad nacional, por ejemplo", subrayó.

Además de suspender el permiso, la autoridad puede ocupar las instalaciones y éstas ser operadas por Pemex, de manera temporal, pero no especifican por cuánto tiempo.

"Esto es una especie de expropiación indirecta, vista desde los tratados internacionales, de ahí que han procedido muchos amparos, incluso una acción bajo el Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en que los empresarios están reclamando las facultades que se están dando a las autoridades", mencionó Valeria Vázquez.

El motivo de la reforma, indicó, era combatir el mercado ilícito de combustibles, llamado huachicol, pero intentaron medidas que en la práctica no ayudan, al contrario, pueden generar corrupción.

Lo cierto, destacó la socia líder de Deloitte, es que esta reforma puede encarecer los combustibles y con ello afectar el transporte de insumos y productos, pudiendo llegar a afectar toda una cadena industrial con un efecto dominó.

Por su parte, Luis Armando Padilla Fitch, presidente de la AIMO, dijo que se trata de una ley muy mal redactada que deja cabos sueltos, lo que provoca incertidumbre entre la comunidad empresarial, ya que no define conceptos y se vuelve fácil de malinterpretar por parte de quien la ejerza.

"Afortunadamente se han aceptado los amparos y en un año veremos qué pasa, pero se necesita de una ley que dé certidumbre, sino cómo se puede invertir", expresó.

Por último, el dirigente anotó que todos dependemos de los combustibles y la planta productiva tiene que seguir trabajando, pues no se puede estar a la deriva, por lo que es importante mantenerse informado.