MONTERREY, NUEVO LEÓN.- Los Fiscales electorales del país nos manifestamos preparados para cumplir con nuestra función constitucional, de cara a las elecciones intermedias del próximo 6 de junio, afirmó Gilberto Pablo de Hoyos Koloffon.

El presidente de la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales dijo que todas aquellas personas que pretendan impedir que los mexicanos ejerzan libremente sus derechos políticos deben saber que las fiscalías electorales están listas para recibir denuncias en su contra y actuar en consecuencia.

Asimismo, hizo un llamado a todas las personas que participan en el proceso, a los actores políticos, a los candidatos  y servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, a respetar la ley. Aseguró que quienes no lo hagan serán perseguidos y castigados.

El también titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Nuevo León afirmó que los mexicanos aspiramos a vivir en un país en el que se puede elegir libremente a sus gobernantes, sin que exista la coacción, la compra del voto, el acarreo, el condicionamiento de programas sociales, el financiamiento ilícito o cualquier conducta que comprometa a la democracia.

Alma Elena Sarahí de León, titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales de la Ciudad de México, destacó que pese a las trascendentales reformas constitucionales y legales concretadas en la década de los años noventa del siglo pasado, es innegable que la normatividad penal electoral no ha tenido un desarrollo, ni siquiera cercano, a la evolución administrativa  y jurisdiccional electoral.

Como parte de la reforma constitucional y legal de 2014, se emitió la Ley General en Materia de Delitos Electorales, cuya aplicación a nivel nacional, permitió unificar un solo instrumento jurídico  para las diferentes conductas ilícitas que atentan contra el ejercicio libre del sufragio, la certeza de la función electoral, la imparcialidad de los órganos públicos y la transparencia en el ejercicio de los recursos.

Por su parte Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, expuso que hay una relación entre corrupción y elecciones, que se mezclan en el peculado electoral, es decir el desvío de fondos o servicios para fines electorales, la delincuencia organizada y el financiamiento ilícito de campañas electorales, particularmente en ámbitos municipales y la participación de empresarios para financiar campañas políticas.

Dijo que si algo lesiona a la democracia es la compra y coacción del voto porque altera el principio básico de la democracia de que cada voto vale lo mismo.

El funcionario federal recalcó que el condicionamiento de programas sociales es una práctica vil que debe ser erradicado del sistema mexicano.

Por otra parte comentó que las reformas impulsadas por la presente legislaturas para lograr la paridad total en candidaturas a cargos de elección popular y la reforma para atacar la violencia política en razón de género deben convertirse en la judicialización de carpetas de investigación y la activación de diferentes instancias del Estado para generar políticas públicas y decisiones judiciales o acuerdos administrativos que permitan continuar con el empoderamiento de las mujeres  que fue el objetivo central de esas reformas.