CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana presentó este jueves una estrategia para proteger a aspirantes y candidatos que participarán en las próximas elecciones del 6 de junio.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la dependencia, subrayó que en esos comicios estarán en juego más de 21 mil cargos de elección popular.

La secretaria comentó que de septiembre de 2020 a febrero de este año, hubo 73 delitos relacionados con asuntos políticos en los que se registraron 64 homicidios.

"Sabemos que el nivel de Gobierno más vulnerable es el municipal, más aún cuando están en zonas de influencia del crimen organizado o de cuello blanco", señaló.

En los estados de Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Jalisco se ubica el mayor riesgo de que aspirantes a un puesto de elección popular puedan ser cooptados por la delincuencia organizada, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.

En la conferencia mañanera, la titular de la dependencia, Rosa Isela Rodríguez, presentó la Estrategia de Protección de Contexto Electoral, con la que buscará prevenir este tipo de acciones, con el fin de garantizar la imparcialidad en la elección,

“Más de la mitad de los eventos de la violencia política como asesinatos y heridos se han presentado en este periodo en 7 entidades: Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, BCS y Jalisco”, abundó la funcionaria.

Advirtió que el nivel de gobierno con mayor riesgo de implicación de la delincuencia organizada como la de “cuello blanco” es el municipal, especialmente en zonas de influencia de grupos criminales.

En la estrategia colaborarán también la Secretaría de Gobernación, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Consejería Jurídica de la Presidencia y el Centro Nacional de Inteligencia.

En lo que va de 2021, esta última instancia ha identificado 15 incidentes de violencia política: 11 homicidios en Chihuahua, Guanajuato, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Jalisco; 2 agresiones en Nuevo León y Baja California Sur; así como un secuestro y un caso de extorsión, ambos en Jalisco.

La estrategia busca llamar a partidos y autoridades para que los candidatos cumplan con los requisitos de ley; también establecerá mesas de trabajo entre la Segob, Seguridad, fiscalías y autoridades locales para compartir alertas de casos de candidatos con vínculos con la delincuencia.

Igualmente se consultará con los gobernadores la aplicación de esta estrategia y se revisará la estrategia de seguridad en entidades federativas y municipios de alto riesgo con las fuerzas de seguridad.

“Se brindará atención a aspirantes y candidatos amenazados por el crimen organizado, previa apertura de carpetas y determinación de niveles de riesgo y protección”, detalló Rodríguez.

Además, se apoyará en la protección y coordinación con autoridades ministeriales e instancias locales y federales, así como establecer protocolos territoriales especializados según los niveles de violencia política e incidencia delictiva.

“Es conveniente evaluar de manera semanal el avance de esta estrategia y presentar un informe en el gabinete”, detalló la secretaria.

Se llamará a partidos y autoridades electorales y otro tipo de autoridades para que los candidatos cumplan con los requisitos de ley.

Se establecerán mesas de trabajo entre las secretarías de Gobernación y Seguridad, partidos políticos y fiscalías para compartir alertas que permitan prevenir y atender casos de registro de candidatos con vínculos con la delincuencia.

Se consultará con los gobernadores y la jefa de Gobierno la aplicación de estrategias con énfasis en medidas de protección a candidatos amenazados.

Se reforzará la estrategia de seguridad en entidades y municipios de alto riesgo con presencia de las fuerzas de seguridad.

Se brindará atención a aspirantes y candidatos amenazados por el crimen organizados, previa apertura de carpetas y determinar los niveles de riesgo y protección.