MEXICALI.- El Congreso de Baja California eligió por unanimidad a María Dolores Moreno Romero, como magistrada numeraria del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, quien sustituirá al magistrado Emilio Castellanos Luján, quien cumple el supuesto constitucional de los 70 años de edad.

En la misma sesión de este día, le fue tomada la protesta de ley correspondiente por la titular de la Mesa Directiva del Congreso local, diputada Eva Gricelda Rodríguez.

Antes de darse el proceso de votación por el Pleno para elegir a Moreno Romero, se sometió a debate parlamentario el dictamen 75 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales (Cglpc), leído por el presidente de dicho órgano dictaminador, diputado Juan Manuel Molina García, donde se establece la lista de los 20 candidatos a magistrado numerario del Poder Judicial, los cuales cumplían con los requisitos de elegibilidad e idoneidad para ocupar el referido cargo. Este dictamen fue aprobado de manera unánime.

Correspondió al mismo titular de la Comisión de Gobernación poner a consideración del Pleno el acuerdo propuesto por la Junta de Coordinación Política, donde se establecía el procedimiento de votación para escoger a la ciudadana o ciudadano a ocupar el puesto de magistrado numerario del Poder Judicial, mismo que fue avalado por la Asamblea.

Los candidatos, aparte de la ciudadana electa, fueron: Víctor Manuel Fernández Ruíz de Chávez, Ana María Elías González Rosas, Ana Carolina Valencia Márquez, Cenaida Tafolla González, Karla Patricia Amaya Coronado, así como María de Lourdes Molina Morales, Carlos Alberto Ferre Espinoza, Gerardo Aceves Salazar, Juan Carlos Constantino Ortega Veiga, Humberto Tamayo Camacho y Gustavo Adolfo Villarespe Muñoz.

Además de Pedro Galaf Hernández García, Álvaro Castilla Gracia, Sandra Sofía Rubio Díaz, Jesús Antonio Chávez Hoyos, Ruth Esperanza Álvarez Fuentes, Héctor Antonio Cortez Peña, Jorge Cristiani Ramírez  y Jesús Angulo Guzmán.

La elección de la nueva magistrada se le comunicará al Poder Ejecutivo estatal para los efectos legales conducentes, así como al presidente del Poder Judicial.