CIUDAD DE MéXICO.- Calificado como un hecho sin precedentes, expertos del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llamaron al Estado mexicano a rechazar el Proyecto de Ley de Seguridad Interior que se votará hoy en el pleno del Senado, pues consideran que dar a las Fuerzas Armadas un papel de liderazgo en materia de seguridad podría debilitar la protección de los derechos humanos.

“Nos preocupa que el proyecto de ley otorgue a las fuerzas armadas un rol de dirección y coordinación en ciertas circunstancias, en lugar de limitar su papel al auxilio y asistencia a las autoridades civiles. 

El proyecto de ley carece de mecanismos sólidos de control que garanticen que las operaciones se lleven a cabo con pleno respeto de los derechos humanos”, señalaron.

El comunicado conjunto fue emitido por Joe Cannataci, Relator Especial sobre el derecho a la privacidad; Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Agnès Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Pablo de Greiff, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; y David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, además de los integrantes de los Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

Los especialistas afirmaron "que esta ley no prevé que las actividades de inteligencia se realicen con la debida supervisión civil y judicial, y, al categorizar toda la información resultante de la aplicación de la ley como de Seguridad Nacional, la excluye de las leyes de transparencia apartándola del escrutinio público.”

El creciente papel de las Fuerzas Armadas, en ausencia de mecanismos control y de rendición de cuentas, podría provocar la repetición de violaciones de derechos humanos como las cometidas desde que se asignó a las Fuerzas Armadas un papel protagónico en la lucha contra la criminalidad", señalaron.Los expertos de la ONU manifestaron que el proyecto de ley es ambiguo en ciertos puntos y contiene una definición excesivamente laxa de las situaciones en que las autoridades podrían usar la fuerza, incluso en el contexto de movilizaciones de protesta, agregó el grupo.

“Resulta muy alarmante que una iniciativa legislativa de tal envergadura, con un impacto potencial tan profundo en los derechos humanos, se lleve a cabo de una manera precipitada y sin la participación adecuada de víctimas de violaciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos de derechos humanos y organismos internacionales", manifestó el grupo de expertos destacando que son "conscientes de los enormes desafíos de seguridad que enfrenta el país".

Recomendaron al gobierno mexicano que cualquier ley de seguridad debe hacer hincapié en el papel primordial de las autoridades civiles, principales responsables de proteger los derechos humanos mediante la inclusión de estrictos controles. 

“Ninguna autoridad civil debería renunciar a esta responsabilidad. También deberían prever la capacitación y el fortalecimiento adecuados de las fuerzas policiales y la investigación pronta, independiente e imparcial de todas las denuncias de violaciones de los derechos humanos”, dijeron.

Apuntaron que los mecanismos de las Naciones Unidas vienen recomendando durante años que se restrinjan las funciones de las Fuerzas Armadas a las propias de su misión, y que se investigue y sancione debidamente a los miembros de las fuerzas armadas que hayan cometido violaciones de derechos humanos, incluidos numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, incluyendo la violencia sexual, y otras formas de malos tratos.

El grupo de expertos de la ONU recordaron al gobierno mexicano la recomendación formulada en 2011 por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, en la que se solicitó que las fuerzas armadas se retiraran de las operaciones de seguridad pública,  y señalaron que esta recomendación se dio teniendo en cuenta “la trágica historia en las últimas décadas del continente americano, donde la participación de las fuerzas armadas en actividades de seguridad interior ha estado asociada a la práctica sistemática y generalizada de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, la mayoría de las cuales se han mantenido en la impunidad”.

Finalmente, los expertos  informaron que han estado en contacto con el gobierno mexicano en los últimos días sobre el proyecto de Ley, y agradecen la pronta respuesta recibida a sus preocupaciones.