WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente Donald Trump firmó un memorándum este martes para impedir que las personas que se encuentran en Estados Unidos de manera ilegal sean contabilizadas en el censo 2020 lo que repercutiría en la redistribución del Congreso, una medida que atrajo críticas inmediatas de los funcionarios demócratas.

La Corte Suprema bloqueó un esfuerzo anterior de la administración para agregar una pregunta de ciudadanía al formulario del censo de 2020, y una mayoría dijo que la razón de la administración para esta pregunta - para ayudar a hacer cumplir el derecho al voto - parecía ser inventada.

Trump dijo en el memorándum que había determinado que "el respeto de la ley y la protección de la integridad del proceso democrático justifican la exclusión de los extranjeros ilegales de la base de redistribución, en la medida de lo posible y en la máxima medida de la discreción del Presidente con arreglo a la ley."

Se espera que el memorando presidencial atraiga desafíos legales.

"La agenda antiinmigrante de Donald Trump no tiene fin", dijo Tom Pérez, presidente del Comité Nacional Demócrata. Primero, trató de hacer una pregunta de ciudadanía en el censo pero fue bloqueado por la Corte Suprema. Ahora está de vuelta con una orden inconstitucional que no tiene otro propósito que silenciar y desempoderar a las voces latinas y las comunidades de color".

La Oficina del Censo dijo el mes pasado que más de 90 millones de hogares ya habían respondido al Censo 2020, y la mayoría lo hizo en línea. Las personas aún pueden responder por su cuenta en línea, por teléfono o por correo, todo sin tener que reunirse con un encuestador.

Los opositores a la pregunta de ciudadanía dijeron que desalentaría la participación de inmigrantes y residentes que se encuentran en el país ilegalmente, lo que da como resultado cifras inexactas para un recuento que determina la distribución de unos 675 mil millones de dólares en gastos federales y cuántos distritos del Congreso recibe cada estado.

Los esfuerzos de Trump por agregar la cuestión de la ciudadanía habían provocado furia y reacción de los críticos que alegaban que tenía la intención de desalentar la participación en la encuesta, no solo por personas que viven ilegalmente en el país sino también por ciudadanos que temen que la participación exponga a miembros de la familia no ciudadanos a repercusiones.