CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió la propuesta del diputado tijuanense Héctor Cruz para emitir un exhorto al Ejecutivo Federal para que sea eliminada la cuota de pago de la caseta de Playas de Tijuana, pues considera que al tratarse de un asunto del orden federal relacionado con vías de comunicación debe intervenir el Poder Legislativo para mediar por los ciudadanos.

Entre los argumentos esgrimidos por el diputado Cruz se cita al artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes Federal, que señala que se debe garantizar, cuando no haya vías alternas, la operación de una libre de peaje, lo cual evidentemente no se está cumpliendo.

Además de la citada ley, añade que en el artículo 11 de la Constitución se expone explícitamente que se debe garantizar el libre tránsito de los ciudadanos, pero también son aplicables el artículo 12 del Pacto internacional de Derechos Civiles y el 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

“El exhorto tiene la intención de mediar por los 18 fraccionamientos y sus más de 12 mil residentes afectados directamente con los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos”, explicó el diputado.

“Me comprometí ante ellos a ser su voz, pues claramente no han sido escuchados durante años por el Gobierno Federal y, sin embargo, hoy se encuentran en un fuego cruzado de índole político y de denuncias entre dependencias estatales y federales. Por eso, con el exhorto desde la Comisión Permanente vamos por una solución al problema de manera legal, institucional y debidamente fundamentada, pero en coordinación con las autoridades competentes”, añadió.

Desde 1967, cuando se puso en operación la autopista escénica, han pasado 53 años, tiempo suficiente para que la inversión y la ganancia de los concesionarios haya sido justificada, por lo que existencia de una caseta de cuota es a todas luces no sólo anticonstitucional sino que obedece a meros intereses económicos, comentó.

Héctor Cruz adelantó que ya se encuentra en conversaciones con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para concretar la mediación entre las autoridades federales y los ciudadanos afectados.