TIJUANA.- Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó esta mañana que la caseta de cobro en Playas de Tijuana “opera de manera normal”, a pesar que la tarde del martes el gobernador Jaime Bonilla encabezó “su liberación”asegurando que ya no habría que pagar peaje en ese punto de la carretera escénica Tijuana -Ensenada.

Esta mañana, en cuenta de Twitter, la dependencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) publicó: “Autopista Tijuana -Ensenada, plaza de cobro Playas de Tijuana. Se retiran los manifestantes. Tramo opera de manera normal. Maneje con precaución”.

Esto luego que esta madrugada hicieran acto de presencia elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de laDefensa Nacional (Sedena) para solicitar a los manifestantes se retirasen, lo cual hicieron sin que se produjera incidente alguno.

Anoche, Capufe fijó Sun postura sobre el acto realizado el martes por el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, quien se presentó acompañado del Fiscal General del Estado, Guillermo Ruíz Hernández en la Plaza de Cobro No. 34 “Playas de Tijuana”, ubicada en el kilómetro 011, Cuerpo “A”, de la Autopista Tijuana-Ensenada.

En un acto improvisado, el titular del ejecutivo estatal anunció que esa tarde publicaría un decreto para que la plaza de cobro y el tramo carretero de Tijuana a Playas de Rosarito, pasaran a la posesión del Gobierno del Estado de Baja California, el cual se encargará de mantener y conservar el mencionado tramo carretero, por lo que la caseta ya no cobrará cuotas de peaje a los residentes y automovilistas, detalla la dependencia.

Asimismo, anunció que, a partir de ese momento la Fiscalía General del Estado, con el apoyo de la Policía Municipal de Tijuana, se haría cargo de las instalaciones de la caseta de cobro mencionada, para evitar actos delictivos y darle seguridad, entregándoles en ese acto la posesión de las mismas, agrega el comunicado de la dependencia federal.

Al respecto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) consideran que el mencionado decreto viola la Constitución y diversas leyes federales, invadiendo la competencia y atribuciones exclusivas del Ejecutivo Federal, por conducto de la SCT, para otorgar concesiones y permisos, para explotar, construir y operar carreteras federales y autopistas; así como vigilar técnicamente su funcionamiento, operación y el cumplimiento de las disposiciones legales respectivas.

“CAPUFE, como administrador y operador, procederá a iniciar las acciones correspondientes, para que se le restituya la posesión y administración de la caseta y el tramo carretero”, apunta Capufe.

“Lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades previstas en la Ley de Vías Generales de Comunicación, por el daño, interrupción y deterioro de los servicios que operen en las mismas”, advierte finalmente la dependencia.