TIJUANA.- El gobernador Jaime Bonilla Valdez firmó el decreto que permitirá al Gobierno del Estado hacerse cargo de la administración del tramo de la carretera escénica Tijuana- Playas de Rosarito (tramo de 18 kilómetros); el cual establece que los residentes de Playas y automovilistas que circulan por la zona ya no pagarán más por la cuota correspondiente.

En un acto que simbolizó la "liberación" de la caseta de cobro de Playas de Tijuana, el secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, dio lectura al decreto (publicado en la edición número 39 del Periódico Oficial del Estado) que pone fin a una demanda que por muchos años encabezaron residentes de Playas de Tijuana, sin respuesta de los anteriores gobiernos estatales y federales.

"La recaudación de la caseta de peaje de Playas de Tijuana, se convirtió en un ingreso muy importante para el gasto corriente del Gobierno Federal, generando 5 millones de pesos por semana. Asimismo en las inmediaciones del tramo carretero, es también lugar de residencia para 12 mil familias bajacalifornianas, que al cruzar diariamente para hacer sus actividades cotidianas su economía se ha visto seriamente afectada al gastar más de mil pesos por semana en casetas, casi el 35% de su salario", señala el decreto.

Pese a ello, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) solo los ha apoyado con un descuento del 50% del importe del peaje carretero, pero para obtenerlo era una tramitología engorrosa, dejando fuera también al resto de la población.

Con esta acción, el gobernador Bonilla Valdez refrendó sus compromisos con los ciudadanos, recordando el esfuerzo y las gestiones como Diputado Federal, Senador de la República y Delegado Único, al tiempo de señalar que las anteriores administraciones no tuvieron la sensibilidad y voluntad política para resolver este problema que reclama la sociedad.

Incluso, en el decreto se señala que durante la gestión del presidente Enrique Peña Nieto, la SCT "amplió la concesión sin consultar a los bajacalifornianos, a quienes diariamente se les violenta el derecho constitucional de libre tránsito, al no contar con otra vía de tránsito o ingreso a sus hogares, siendo responsabilidad de este gobierno, la obligación de acabar con esta vulneración constitucional a sus derechos". 

El mandatario estatal entregó "las llaves" de la caseta al Fiscal General del Estado, Guillermo Ruiz Hernández, pues se convertirá en una "caseta de seguridad" con vigilancia por parte de la FGE, para inhibir hechos delictivos en la zona.

"Este punto siempre fue un impedimento para el tránsito de ambulancias, corporaciones policiacas, bomberos y por ser un camino abierto de la delincuencia";  mientras tanto, dijo que la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT), absorberá los gastos de mantenimiento y de operación.

Este decreto explica que la carretera escénica Tijuana-Ensenada, desde su construcción en 1967, fue con el propósito de detonar la economía y el turismo local y extranjero; en un inicio se convirtió en autopista de peaje, con la finalidad de sufragar el costo de inversión de la infraestructura, pero en la actualidad la recaudación por este concepto ya concluyó, ya que al cuantificarlo con el paso del tiempo se ha pagado varias veces.