Realiza Gobierno de Ensenada más de 6 mil 700 inspecciones a unidades de transporte público

ENSENADA.- Más de 6 mil 700 revisiones a unidades de transporte público ha realizado personal de la Unidad Municipal del Transporte en los más de 100 días de las acciones emprendidas para la atención de la contingencia COVID-19.
El alcalde Armando Ayala Robles destacó que las inspecciones realizadas en la operatividad diaria y en los filtros aleatorios que se realizan en los principales cruceros de la ciudad, se verifica que los choferes cumplan con las disposiciones sanitarias.
Ayala Robles detalló que en cada filtro aleatorio se revisan, en promedio, 100 unidades, en las que las fallas más recurrentes son: sobrecupo, falta de gel antibacterial y de desinfección de las unidades.
Recordó que los camiones, microbuses y taxis deben brindar servicio al 50 por ciento de su capacidad, choferes y usuarios deben utilizar cubreboca, además de que los conductores deben contar con gel antibacterial en la unidad.
“En los más de 100 días de confinamiento, hemos detectado que los vehículos de servicio público no son desinfectados de manera regular, que algunos choferes exceden la capacidad permitida, no fomentan el uso de gel antibacterial, incluso de cubreboca, lo que puede representar un foco de infección”, apuntó.
Señaló que pese a la sensibilización que realiza el personal municipal en las revisiones, muchos choferes siguen pasando por alto las recomendaciones sanitarias; motivo por el cual, sostendrá una reunión con el director del Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California.
“En la última sesión de Cabildo se me autorizó exhortar al titular del Instituto de Movilidad Sustentable del Estado, para que en atención a la contingencia sanitaria se estipulen medidas para que los concesionarios de transporte público restrinjan el servicio al 50 por ciento de su capacidad por unidad”, afirmó.
El primer edil resaltó que al emitirse lineamientos específicos por parte de dicho Instituto, se podrá crear mayor consciencia entre los prestadores del servicio y sancionar a quienes incurran en omisiones que deriven en riesgos para la salud.