TIJUANA.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció el pasado 23 de junio que va contra 43 empresas factureras en el País, a las cuales interpuso denuncia penal por defraudación fiscal.

El abogado fiscalista, Jorge Pickett Corona, mencionó que entre las empresas que fueron denunciadas por la autoridad están Torres Nova, Sav Dell, Black Systems y Grupo Mark, S.A. de C.V.

"Las empresas factureras que se han visto expuestas se caracterizan por no tener empleados, en muchos de los casos; se distribuyen en diferentes sectores como el comercio e industrias manufactureras y, generalmente, son difíciles de encontrar", explicó.

La función de estas empresas factureras, dijo, es vender a compañías o personas que compran facturas de operaciones simuladas, para que éstas aumenten sus gastos falsos y así reducir el pago de las contribuciones.

Pickett Corona refirió que en el primer paquete de denuncias se estableció que participaron 8 mil 212 empresas y personas; que éstas presentaron operaciones simuladas por 93 millones de pesos.

Asimismo, son empresas que pagaron nómina, pero no pagaron al SAT la retención de ISR por 19 mil 146 millones de pesos, en tanto que dejaron de pagar 55 mil 125 millones de pesos en contribuciones totales al SAT.

"Como primera acción, el fisco federal estará enviando por medio de Buzón Tributario o personalmente una carta a las y los contribuyentes que utilizaron los esquemas reportables, para que, a su vez, puedan por medio de una cita en el SAT orientarse para la corrección", detalló.

El abogado fiscalista agregó que la Procuraduría Fiscal de la Federación presentó siete querellas en contra de las 43 empresas factureras, por defraudación fiscal y lavado de dinero, mismas que, de no realizar la corrección en un plazo no mayor a 3 meses, formulará querella  por defraudación fiscal y/o equiparada contra beneficiarios fiscales.

En este sentido, advirtió Pickett, en el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 108, señala las siguientes sanciones por defraudación fiscal: Con prisión de tres meses a dos años, cuando el monto de lo defraudado no exceda de 1 millón 734 mil 280 pesos.

Con prisión de dos años a cinco años cuando el monto de lo defraudado exceda de 1 millón 734 mil 280 pesos, pero no de 2 millones 601 mil 410 pesos; y con  prisión de tres años a nueve años cuando el monto de lo defraudado fuese mayor de 2 millones 601 mil 410 pesos.

Finalmente, Jorge Pickett exhortó a la comunidad empresarial a mantener su información fiscal en orden, a fin de no caer en supuestos que impliquen sanciones monetarias y hasta penales.