TIJUANA.- El alcalde Arturo González Cruz informó que se llegó a un acuerdo con el director del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) para permitir que el personal municipal, proceda a la revisión de los giros comerciales en el Aeropuerto de Tijuana.

Con este acuerdo, dijo el alcalde el gobierno municipal podrá corroborar que los establecimientos cuenten con los permisos de operación y de venta de alcohol y para constatar que los más de 100 negocios que aún no cuentan con las licencias correspondientes, inicien su proceso de regularización.

El primer edil informó que a raíz de los dos operativos que realizó la Dirección de Inspección y Verificación Municipal, uno el 16 de abril y el otro el 17 de junio, donde se clausuraron 17 locales al interior de la terminal aérea, de los cuales, nueve ya se acercaron al municipio para poner en orden su situación jurídica y poder operar sin contratiempos.

“El Aeropuerto Internacional de Tijuana anualmente tiene un ingreso de más de 16 mil millones de pesos y no es justo que no contribuyan con ni un sólo peso para el desarrollo de la ciudad, mientras que la población subsidia las vialidades, los accesos y la seguridad que se requiere para mantener y poder llegar al puerto aéreo. La institución debe contribuir con los pagos, al igual que los demás comercios establecidos de la localidad”, explicó el primer edil.

La primer autoridad municipal explicó que desde 1998, el Aeropuerto de Tijuana adeuda más de 700 millones de pesos del pago del Impuesto Predial, el cual, no ha sido finiquitado, debido a que el GAP refiere a que se trata de una concesión federal, por lo que se llegó a un acuerdo para permitir este tipo de revisiones, con la finalidad de evitar un procesos legales más complicados.

Reiteró el llamado a los comerciantes de la terminal a regularizar sus licencias municipales, con estas medidas se continuarán promoviendo acciones que mantengan el orden en el comercio formal de la región, es importante trabajar unidos, hoy todos por Tijuana, instituciones, gobierno y sociedad, para garantizar el bienestar de los ciudadanos y su patrimonio.