TIJUANA.- Dirigentes empresariales y legisladores, locales y federales, se pronunciaron en contra de la denominada “Ley Bonilla II”, que pretende modificar el próximo periodo del gobierno de la entidad, de seis a tres años.

En una videoconferencia organizada por el diputado del Partido de Baja California (PBC), Rodrigo Aníbal Otañez Licona, con representantes de la Iniciativa Privada y legisladores de otros partidos, se destacó el tajante rechazo contra lo que ahora se conoce como “Ley Bonilla 2”.

Todos los expositores coincidieron en que los diputados de Morena y aliados, que pretenden reducir la próxima gubernatura a 3 años, están no solamente violando la Constitución nacional, sino, sobre todo, están actuando en desacato a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En contraparte, los representantes del CCE, Canacintra, Coparmex, el diputado Rodrigo Otañez y las senadoras Gina Cruz y Alejandra León, entre otros, piden a todos los integrantes de la XXIII Legislatura de Baja California, que desechen la “Ley Bonilla 2”, y privilegien iniciativas que ayuden a combatir el covid19 y a la recuperación económica de la entidad.

Se recordó que, cuando la Suprema Corte declaró anticonstitucional, y un fraude a la Constitución, la primera “Ley Bonilla” que pretendía aumentar de 2 a 5 años el periodo del actual gobernador, se dejó muy claro un mensaje toral: los diputados locales no pueden manipular la duración de los mandatos gubernamentales, ni aumentarlos, ni disminuirlos.

Por consiguiente, advirtieron, de empeñarse los diputados del Congreso de Baja California en aprobar la que se conoce ahora como “Ley Bonilla 2”, pueden ser sujetos a la destitución deshonrosa de sus cargos, para ser sujetos de proceso penal, con castigo de hasta 9 años de cárcel, además de su inhabilitación.

El anfitrión de la rueda de prensa virtual, Rodrigo Otañez, adelantó que votará en contra de la llamada “Ley Bonilla 2”, y, en su caso, si la aprueban por la mayoría de Morena y aliados, presentarán queja ante la Suprema Corte.

Lo anterior, en coincidencia con lo expuesto por el abogado fiscalista Adolfo Solís Farías, en el sentido de que, si el Presidente de la Suprema Corte no resuelve por revisión oficiosa, se puede demandar a los diputados de Baja California por la vía de la queja y repetición del acto.

Se crearía un ícono en el país si se ejerciera acción penal contra esos legisladores que tercamente quieren manipular la Constitución, advirtió Solís Farías, deseando que lo hagan para que se sienta un precedente de respuesta contra acciones fraudulentas contra la Constitución.

El diputado Rodrigo Otañez hizo un llamado a todos los demás compañeros suyos del Congreso del Estado, a hacer una reflexión, porque esta situación trasciende a los partidos, es incumbencia de todos los bajacalifornianos, y, por el bien de todo Baja California, les pide no pasar a la historia como una legislatura que haya hecho algo tan grave contra el desarrollo de la entidad.

Asimismo, adelantó que su voto en contra no será solamente de manera nominal, sino que espera se haga un debate de razonamientos, y expondrá los argumentos y, de nueva cuenta, les llama a reflexionar, porque el voto es personal, no del partido que lo haya postulado.

Por su parte, la senadora Alejandra León informó que ya advirtió a la dirigencia nacional del Partido del Trabajo, y, como Bancada en el Congreso de la Unión, aprobaron un exhorto al Congreso local y al gobernador Jaime Bonilla, a acatar lo que sentenció la Suprema Corte, por lo que esperan congruencia de sus diputados petistas locales.

Además de los diputados locales Rodrigo Otañez (PBC) y Eva María Vázquez (PAN), y las senadoras Gina Cruz (PAN) y Alejandra León (PT), participaron en la conferencia Rodrigo Llantada, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali (CCE); Martín Muñoz Barba, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCE); Juan Ramón López Naranjo, presidente de CANACO Mexicali (Cámara Nacional del Comercio); Armando León, presidente de COPARMEX Baja California; Roberto Rosas, presidente de la COPARMEX Tijuana (Confederación Patronal Mexicana); Ernesto Elourduy Blackeller, presidente de la COPARMEX Mexicali; José Inzunza Ronquillo, presidente de la CMIC (Cámara Nacional de la Industria de la Transformación) Delegación Baja California; Luciano Jiménez presidente de la CANACAR (Cámara Nacional de Autotransportes de Carga); Juan Carlos Ochoa, miembro del Consejo Directivo de COPARMEX Tijuana; Mario Favela, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de Baja California (PBC); Jorge Eugenio Núñez, Consejero Político del PBC; Eduardo Letayf, empresario activista de Baja California, entre otros.