TIJUANA.- Con la finalidad de lograr la regularización de los predios sobre las vías del ferrocarril, se reúnen Estado y Federación, y dar solución a un problema de más de dos décadas.

Javier Castañeda Pomposo, director general del Instituto de Administración de Bienes para la Restitución Social y Bienes Asegurados (INDABE), sostuvo un encuentro con autoridades federales para encontrar la posibilidad jurídica y material de efectuar los trámites de regularización con los posesionarios interesados.

Castañeda Pomposo expuso que se ha sumado a esta lucha que encabeza Adolfo Gaspar, quien ha solicitado la colaboración del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP) federal, para que a nivel local al INDABE le sean transferidos dichos predios para su administración.

Explicó que se han hecho gestiones en las subastas que el INDEP pretende realizar sobre los predios que colindan con el derecho de vía del ferrocarril del lado derecho, que están ubicados sobre el boulevard Gustavo Díaz Ordaz dentro del polígono que abarca de la Calle Ermita Sur al boulevard Simón Bolívar.

Asimismo, se han sostenido 5 reuniones con la “Asociación de Usufructuarios del Derecho de Vía, A.C.”, en las que destaca que la mayoría de los posesionarios tienen más de 20 años en dichos predios, tiempo en el cual han dado mantenimiento y realizado mejoras.

Por su parte el presidente de la Asociación de Posesionarios, Adolfo Gaspar, dijo que solo con la intervención del   INDABE, pueden encontrarse en posibilidad jurídica y material de efectuar los trámites de regularización con los posesionarios interesados.

Dijo que el Gobierno Federal, pretende subastar una buena cantidad de predios a través del INDEP y los altos costos que ahí ponen a los predios los dejaría fuera   de poder adquirirlos.

El director general   del INDABE, Javier Castañeda, indicó que la intervención del instituto a su cargo, traería a su vez auxilio en la compleja liquidación del organismo público descentralizado “Ferrocarriles Nacionales de México”.

Añadió que por años se   ha venido prolongando esta problemática, desde hace 19 años, tras publicarse su extinción, ya que el no atender dichas peticiones sociales traería consigo un problema social y jurídico en nuestra entidad, así como el desencanto político en el acercamiento y atención con el pueblo directamente.