ENSENADA.- “El pasado fin de semana sumaron ocho las víctimas de feminicidio en Baja California, entre ellas una estudiante universitaria, por lo que alzamos la voz para demandar el establecimiento de una alerta de género y la definición de políticas públicas y acciones concretas para prevenir, atender y erradicar este grave problema social”, puntualizó Claudia Josefina Agatón Muñiz, diputada local del Partido del Trabajo.

La legisladora lamentó que Tijuana y Mexicali siguen padeciendo graves signos de misoginia en la vida pública y privada, enfatizando que “es un grave problema de toda la entidad, que en 2019 se ubicó en el cuarto lugar nacional de feminicidios, con 288 de asesinatos de mujeres, en su mayoría entre los 28 y 39 años de edad”.

La diputada bajacaliforniana, precisó que la alerta de género es una demanda nacional del Partido del Trabajo, a través del Coordinador Nacional, profesor Alberto Anaya Gutiérrez, quien planteó la necesidad de que la agenda nacional incluya acciones concretas para endurecer las penas en estos delitos e incluir la perspectiva de género en las investigaciones de los mismos.

Agatón Muñiz consideró que además de políticas públicas encaminadas a garantizar una vida libre de violencia a niñas y mujeres, se debe realizar un esfuerzo importante en los aparatos de procuración e impartición de justicia en Baja California, toda vez que de los 288 asesinatos de mujeres registrados el año pasado, solo 23 fueron calificados como feminicidios

Lamentó que el pasado fin de semana cinco mujeres fueron asesinadas en Mexicali, tres de ellas acribilladas en una casa; mientras que en Tijuana se registraron otros tres crímenes, entre ellos de una estudiante de la Universidad Autónoma de Baja California, maniatada y brutalmente golpeada.

En ese contexto, la diputada del PT, señaló que las políticas públicas deben considerar entre otros ejes, la capacitación de quienes investigan y juzgan los delitos cometidos en contra de las mujeres por razón de género, debido a la lacerante misoginia e impunidad de quienes violentan los derechos de las mujeres, entre ellos el derecho más sagrado de todo ser humano, el derecho a la vida libre de violencia. 

Recordó también que en las últimas tres décadas en Baja California, el Gobierno del Estado no tuvo la voluntad de atender esta problemática “y la situación es tan grave ahora que debemos impulsar acciones concretas, entre las que se encuentran la atención jurídica y psicológica, a fin de garantizar la protección a la vida e integridad de las niñas y mujeres”.

Finalmente mencionó que la cuarta transformación de Baja California necesariamente implica acciones de justicia social para las mujeres en general y para las jefas de familia en particular, como son la garantía a una vida libre de violencia.