Redacción/ HIPTEX

MEXICALI.- Vehículos de procedencia extranjera y estancia irregular en el Estado deberán pagar como mínimo mil pesos al año con refrendo anual para formar parte del Censo de Identidad Vehicular que impulsa el gobernador Jaime Bonilla Valdez mediante una iniciativa de ley, en la que se argumentan razones de seguridad pública y medio ambiente.

De lo contrario, los propietarios de este tipo de vehículos se harían acreedores de sanciones económicas de 30 a 70 Unidad de Medida y Actualización (UMAS), la disposición del vehículo en un depósito y remate una vez transcurridos tres meses y una vez en funcionamiento el organismo descentralizado que se exige para la medida.

Lo anterior, de acuerdo a la iniciativa de ley por la que se crea el Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación del Estado de Baja California remitida por Amador Rodríguez Lozano, secretario general de Gobierno, al diputado Víctor Manuel Morán Hernández, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California.

En la iniciativa firmada por el gobernador Jaime Bonilla Valdez, donde se habla de la creación del Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación del Estado, se menciona que los propietarios de vehículos irregulares de procedencia extranjera deberán apegarse al Censo de Identidad Vehicular en un plazo de cuatro meses una vez creado el propuesto instituto.

Además, prevé multas por incumplimiento que van de 30 a 70 UMAS, vehículo dispuesto a depósito y remate una vez transcurridos tres meses, así como sanciones dobles en caso de reincidencia.

En la exposición de motivos del Ejecutivo se argumenta que muchos delitos son cometidos en vehículos usados de procedencia extranjera en los que no se puede rastrear al propietario.

En materia de control ambiental, afirma que una de las intenciones es evaluar los niveles de emisiones contaminantes en dichas unidades que no reúnen requisitos para formar parte del Censo Estatal Vehicular.

Aclara no obstante que el documento que se expida por parte del Instituto de Identidad Vehicular no es un instrumento oficial que acredite la legal estancia en el Estado de la unidad de procedencia extranjera que se someta al Censo de Identidad Vehicular.

Sin embargo, argumenta que el presupuesto reducido de las familias les impide comprar carros nuevos o usados en México.

La iniciativa de ley en mención fue signada por el gobernador Jaime Bonilla Valdez el 30 de diciembre de 2019. (lgs)