ENSENADA.- En respuesta a la aprobación por parte del Congreso del Estado del dictamen de creación del estatuto territorial, que define los nuevo límites entre Ensenada y Playas de Rosarito, Ayuntamiento ensenadense interpondrá una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El presidente municipal Armando Ayala Robles precisó que dicha acción legal se realizará dentro de los siguientes 30 días hábiles de la publicación del dictamen en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.

Afirmó que la controversia constitucional será elaborada y presentada por la Dirección de Asuntos Jurídicos del XXIII Ayuntamiento y con el apoyo del Grupo Interdisciplinario para la Defensa del Territorio (GIT).

Agradeció al GIT por su disposición de trabajar de manera coordinada con el Gobierno de Ensenada para defender el territorio ensenadense.

El primer edil reiteró su compromiso por defender legalmente el territorio que le corresponde a Ensenada y se estará al pendiente de la publicación en el Periódico Oficial del Estado para darle el seguimiento correspondiente.

El dictamen de creación del estatuto territorial, fue presentado al pleno del Congreso del Estado por las comisiones de Fortalecimiento Municipal; la de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales y la de Justicia.

DIPUTADA CANO SE DESMARCARA DEL ACUEDO

En la sesión donde se presentó y aprobó el Estatuto Territorial, la Diputada Miriam Cano Núñez votó en contra del Estatuto, por considerar que Ensenada debió tener su frontera con el Municipio de Playas de Rosarito en el Pararalelo 32º10´, en la zona conocida como Punta Mesquite e integrar los 168 kilómetros cuadrados en disputa.

“Me ha tocado presidir los trabajos para la construcción del Estatuto Territorial, pero actualmente en el Estado se vive una nueva forma de hacer política y de hacer las cosas. No puedo imponer mi punto de vista, si los diputados y diputadas han definido una posición distinta a la mía. En las democracias no se imponen los puntos de vista”, mencionó Miriam Cano.

“Construimos un Estatuto escuchando a las distintas partes, con sesiones públicas y donde todos y todas los que estuvieran presentes podían escuchar lo que se estaba argumentando. Adicionalmente, las sesiones de las Comisiones Unidas se trasmitieron en vivo a través de las páginas electrónicas del Congreso para llegar a un mayor número de personas que no podían estar en la sede del Congreso en Mexicali”, dijo Miriam Cano.

“Hemos realizado un trabajo en conjunto con los Diputados y Diputadas de la XXIII Legislatura, y por ello, agradezco las opiniones de los Diputados Juan Manuel Molina y del Diputado Víctor Moran, quienes presiden las Comisiones de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, así como, la Comisión de Justicia. Dichas opiniones permitieron a las Diputadas y Diputados integrantes de las Comisiones Unidas tener la información necesaria para contar con un ordenamiento legal rezagado desde hace veinte años; que dará certeza jurídica, económica y social a una región del estado sin atención gubernamental constante; y, dar cumplimiento a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, concluyó la Diputada Cano.