Por Alberto Sarmiento Reyes / Hiptex

Ante la incapacidad manifiesta de las autoridades para contener la ola de inseguridad y violencia que aqueja a Baja California en lo que va de 2017, pareciera que la respuesta tendrá que venir de la sociedad.

Luego de meses de exigencia, apenas el pasado 17 de julio, se dio la visita del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pero a casi un mes nulos han sido los resultados alcanzados.

Y eso que el titular de la Segob se hizo acompañar de los secretarios de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos Zepeda; de Marina, Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz; el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, y el director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Eugenio Ímaz Gispert.

De su breve visita, sesionó la Comisión Nacional de Seguridad celebrada en Tijuana y se informó que habría de revisarse la estrategia que se estaba aplicando y que, evidentemente, había sido rebasada por los índices delictivos que registran los cinco municipios.

Se tomaron acuerdos, tanto por parte de los altos funcionarios federales, como del gobernador del estado, Francisco Vega de Lamadrid, así como de los presidentes municipales de Ensenada, Marco Antonio Novelo Osuna; de Mexicali, Gustavo Sánchez Vásquez; de Playas de Rosario, Mirna Cecilia Rincón Vargas; de Tecate, Nereida Fuentes González, y de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro; a la que se sumaron la Procuradora General de Justicia, Perla del Socorro Ibarra Leyva; y el secretario de Seguridad Pública, Daniel de la Rosa Anaya.

Pero a casi un mes de esa reunión. No hay avances. Por el contrario la tendencia en el renglón de homicidios, sigue al alza y es en Tijuana donde se concentra la cifra más alta: más de mil en los últimos siete meses.

Uno de los acuerdos anunciados en ese encuentro, además de la revisión de la estrategia, era la captura de lo que los cuerpos de seguridad llaman “objetivos prioritarios”, que no son otros que los cabecillas de las bandas delictivas, y que se dijo, en su mayoría operan fuera de la entidad.

Hasta el momento ninguna autoridad, sea federal o estatal, mucho menos municipal, han dado cuenta de haber detenido a uno de esos “objetivos prioritarios”.

Mientras, en Tijuana la cuota de cinco o más homicidios violentos por día se mantienen casi inalterable. Lo mismo son ejecutados hombres, mujeres o menores de edad, que las investigaciones primeras indican que son ajustes de cuentas entre bandas de narcomenudistas.

Pero igualmente personas inocentes, entre ellos menores de edad, han perdido la vida o resultado gravemente heridas, solo por estar en el momento y el lugar equivocados.

En Mexicali, apenas este martes, un empresario fue ejecutado al pie de la puerta de su domicilio.

Es evidente que las autoridades de todos los niveles se encuentran rebasadas en este problema.

Un fuerte movimiento ciudadano viene gestándose desde hace unas semanas. Organismos de la sociedad civil y organismos empresariales sí han advertido la gravedad del problema que se enfrenta y que los gobiernas intentan minimizar o son incapaces de hacer frente con eficacia.

Un nuevo marco legal y social se viene gestando y será impuesto a las autoridades que lejos de trabajar del lado de la sociedad se han distanciado ahondando su falta de respuesta.

La única diferencia entre hoy y la situación de que prevaleció entre 2008 y 2010 es la espectacularidad de las ejecuciones de ayer a las del presente.

Ayer la guerra entre bandas criminales utilizaba las ejecuciones para enviarse mensajes de terror y venganza. Colgados en puentes, adversarios levantados, decapitados y exhibidos en plena vía pública.

Hoy, las ejecuciones se dan a cuenta gotas… pero en número ya superan a las registradas en aquella época de miedo y terror que vivió Baja California y en especial Tijuana.

No hay otro camino… que la sociedad organizada sea la que obligue a las autoridades a enderezar el su errático funcionar… el tiempo corre en contra de todos los bajacalifornianos.

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