Según las nuevas directrices de Departamento de Justicia, en un año los jueces deberán procesar mínimo 700 casos al año para obtener una evaluación de rendimiento "satisfactoria".
WASHINGTON, DC. - The Washington Post, informó el día de ayer que el Gobierno de Donald Trump busca presionar a los jueces de inmigración, imponiendo cuotas anuales para acelerar la tramitación de casos y así, eventualmente, aumentar las deportaciones.
Según las nuevas directrices de Departamento de Justicia, en un año los jueces deberán procesar mínimo 700 casos al año para obtener una evaluación de rendimiento "satisfactoria".
Magistrados que eleven más del 15% de ciertos casos tribunales superiores o jueces que fijen audiencias demasiado separas en el tiempo, también serán penalizados, así se detalló en las nuevas directrices.
El fin de la aplicación de cuotas, es para desatascar los más de 600,000 casos pendientes ante la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, por su sigla en inglés), el sistema judicial de inmigración de Estados Unidos.
Los casos pueden tardar varios años en llegar ante un juez, lo que significa tiempo para que los inmigrantes estén autorizados para trabajar en Estados Unidos, lo que algunos ven como un incentivo a la inmigración irregular.
Devin O'Malley, portavoz del Departamento de Justicia, declaró al The Wshington Post, que actualmente los jueces de inmigración procesan de media 678 casos al año, aunque algunos de los magistrados llegan a 1,100.
"Esto equivale a completar tres casos por día, por lo que no es una subida tan grande", dijo O'Malley.
Desatascar los cientos de miles de casos abiertos en el sistema es una de las acciones que el gobierno de Trump quiere potenciar para endurecer la inmigración irregular a Estados Unidos.
Más allá de las cuotas, el Gobierno pretende ampliar la plantilla de jueces migratorios con docenas de contrataciones.
