MEXICALI.- Al menos una docena de empleados de confianza de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) ha sido despedido sin causa justificada durante las últimas dos semanas, sin que se les ofrezca una liquidación conforme a lo que establece la Ley Federal del Trabajo (LFT).

​El despido masivo de trabajadores se está dando a partir de la llegada de un nuevo titular a la Dirección del organismo paraestatal y se ha hecho en plena emergencia provocada por la pandemia del Covid-19, contraviniendo las instrucciones y el discurso político que, sobre el particular, ha venido repitiendo el gobernador Jaime Bonilla Valdez desde que se declaró la contingencia.

Lo anterior fue denunciado públicamente por Gilberto Angulo Ayón y José Alberto Valdez Cota, dos de los ahora exempleados a los que, sin consideración alguna, se les notificó en forma intempestiva que dejarían de laborar en la dependencia.

Explicaron que ambos recibieron sendas llamadas telefónicas para que se presentaran en la Subdirección Administrativa de la CESPM. Al recibirlos, el entonces subdirector era acompañado por una persona que sería identificada posteriormente como Alfredo Santaella, que fue presentado como el nuevo titular de la subdirección administrativa y quien llevó la voz cantante para comunicarles que requerían “sus espacios” y que habían causado “baja” del “sistema” desde un día antes de la entrevista, por lo que les presentaron a su consideración las propuestas de liquidación.

Sin embargo, al leer dicho documento observaron que los funcionarios del organismo proponían únicamente pagar prestaciones ya devengadas (los proporcionales de aguinaldo y vacaciones), y no contemplaban el pago de la indemnización que contempla la Ley por el tiempo trabajado, por lo que tanto Angulo Ayón como Valdez Cota (y al menos otra media docena de sus ahora excompañeros), decidieron rechazarlos y buscar la asesoría de abogados para preparar las demandas que interpondrán ante las autoridades laborales.

Ante reporteros, los empleados despedidos señalaron que, aparentemente, Armando Fernández Samaniego, el nuevo director de CESPM, podría estar siendo mal asesorado por sus colaboradores, toda vez que el no ofrecer la liquidación que constitucionalmente les pertenece a los empleados que han sido despedidos sin causa justificada, constituye una violación a una de las leyes que, como funcionario, está obligado a respetar.

Grave también, dijeron, es el hecho de que los funcionarios de la CESPM estén realizando estas acciones en plena crisis de la pandemia, a pesar de que las instrucciones que se supone ha dado el gobernador del Estado, han sido en sentido totalmente opuesto, ya que ha sido recurrente el discurso del mandatario advirtiendo que incluso su gobierno actuaría jurídicamente hasta contra empresas particulares que despidieran a empleados durante la actual contingencia.