De acuerdo con el informe del movimiento No al Huachicol de Medicinas, la mayoría de los casos de desabasto reportados entre mayo y septiembre de 2019 ocurrieron en la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz y Chihuahua.

 



CDMX.- En sólo cuatro meses el movimiento No al Huachicol de Medicinas recibió dos mil 300 historias de desabasto de medicamentos e insumos médicos en las instituciones de salud pública en el país, a través de su plataforma electrónica.

De esa cifra de reportes, 912 cuentan con información corroborada y detallada por entidad, unidad médica, institución, medicamento y padecimiento, de los cuales el 50 por ciento corresponden al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 25 por ciento al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 16 por ciento al Seguro Popular.

De acuerdo con el informe del movimiento No al Huachicol de Medicinas, la mayoría de los casos de desabasto reportados entre mayo y septiembre de 2019 ocurrieron en la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz y Chihuahua, siendo los pacientes más afectados los diabéticos e hipertensos, seguidos de los que tienen cáncer, VIH y fallo renal.

Dicho movimiento conformado por asociaciones civiles entregó el reporte a las autoridades correspondientes "para contribuir a visibilizar los casos de no surtimiento y avanzar en la solución", refirió la directora de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, Mayra Galindo Leal, quien forma parte de esa iniciativa ciudadana.

Posibles cadenas de corrupción destacan entre las principales causas del no surtimiento, además de fallas en la cadena de abasto y nuevas reglas en la compra de medicamentos e insumos para la salud.

Sobre los casos de corrupción que se identificaron, Mayra Galindo comentó durante su intervención en el Encuentro Nacional Nosotrxs que aún hace falta recolectar evidencia y verificar, así como garantizar protección a las personas que reportan.

Así el movimiento No al Huachicol de Medicinas buscará a autoridades y organizaciones especializadas para que a partir de noviembre "los casos de corrupción reportados puedan ser acompañados con las alianzas y los protocolos de seguridad y confidencialidad adecuados".

Esta lucha es para garantizar el derecho de cada persona usuaria o derechohabiente a recibir el tratamiento y los insumos médicos que requiere para su padecimiento de manera oportuna y con la calidad adecuada, señaló Mayra.

"Queremos algo muy sencillo, que el derecho a la salud sea una realidad para todos y todas las mexicanas", remató.