El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California (CCSPBC), en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil, se pronunció en contra de la reforma constitucional al Poder Judicial
TIJUANA.- El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California (CCSPBC), en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil, se pronunció en relación a la reforma constitucional al Poder Judicial, aprobada por la Cámara de Senadores el pasado 15 de abril.
El titular del organismo, Juan Manuel Hernández Niebla, mencionó que aunque la citada reforma incluye aspectos positivos e importantes, relacionados a la creación de su nueva Ley Orgánica y la Ley de la Carrera Judicial, las buenas intenciones se ven opacadas por la inclusión de un artículo transitorio, que permite la ampliación del periodo del presidente de la SCJN.
“Desafortunadamente de última hora se incluyó este artículo que plantea la posibilidad de ampliar por dos años el mandato del presidente de la SCJN y de los integrantes del Consejo de la Judicatura, situación que a todas luces, constituye una falta de respeto a la Constitución”, lamentó.
Hernández Niebla aclaró, que dicho pronunciamiento en contra de lo que consideran una violación a la Constitución, apela al criterio e intervención de la Cámara de Diputados para realizar una modificación a la reforma.
“Todos los que estamos integrados en este documento, demandamos que el ordenamiento aprobado sea corregido por la Cámara de Diputados, para evitar juicios de inconstitucionalidad que desacreditan el valor de la reforma judicial que se viene trabajando”, exigió.
Finalmente Hernández Niebla recordó que como organismos representantes de la sociedad civil, esperan la aprobación de una reforma que recupere la confianza ciudadana en el quehacer de los impartidores de justicia; que se transparente el acceso al cargo de jueces y magistrados, y que se combata a fondo la corrupción, el nepotismo y el acoso sexual, entre otros vicios, que han afectado el prestigio y funcionamiento del Poder Judicial.
El pronunciamiento está respaldado por la organización México SOS, Reinserta, Red Nacional de Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia, Seguridad y Justicia, el Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Edo de México, la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica y el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, cuyos titulares son invitados permanentes de la sociedad civil ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública.