Redacción/ HIPTEX

TIJUANA.- La legalidad y resguardo por parte de Grupo Beta de la lista en la que se anotan los migrantes que buscan solicitar asilo político en Estados Unidos fue cuestionada por organismos civiles que trabajan con migrantes en el Noroeste del país.

Además, critcaron que al ser regresados a Tijuana por las autoridades norteamericanas carezcan de garantía de recibir “el mínimo de protección” como solicitantes de la condición de refugiado de Estados Unidos, así como tampoco orientación legal o la representación de un abogado.

Dijeron que no se les guía a un albergue, lo que al igual que las restricciones interpuestas a esta población en el Sur del país separa familias.

Quienes carecen de documentos migratorios no pueden aspirar a estancia legal en la ciudad, ni los menores a anotarse en la mencionada y “cuestionable” lista.

Además de que no hay representación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en Tijuana “ni autoridad que informe y mucho menos que resuelva su situación”.

En el comunicado firmado por “las organizaciones de la sociedad civil del Noroeste del país que trabajamos en la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional”.

Lo anterior, para informar a la sociedad sobre “la situación de las personas migrantes en la región Norte, el efecto adverso de la política migratoria y malas prácticas institucionales”. A continuación el comunicado íntegro:

En las últimas semanas algunos medios de comunicación han dado cuenta de la compleja situación que vivimos en ambas fronteras del país y de la desafortunada respuesta del gobierno federal que no atina a concretar una estrategia de atención certera, congruente y anclada en el respeto a los derechos humanos, que responda a los desafíos de este nuevo paradigma de la migración en México.

Para las organizaciones es evidente que ninguna política de contención frenará el flujo migratorio hacia la frontera Norte, prueba de ello es que, aún habiendo desarticulado las caravanas en el Sur, a Tijuana llegan todos los días un número significativo de personas migrantes en condiciones diversas y con necesidades específicas. Aquí confluyen personas deportadas, solicitantes de asilo, retornadas bajo el Protocolo de Protección Migrante, personas sin una condición de estancia regular, personas que abandonaron su proceso de asilo en el Sur, víctimas de desplazamiento interno forzado, niñez migrante no acompañada y un largo etc. Una compleja realidad sin una estrategia institucional definida.

En ese sentido, quienes nos encontramos día a día al frente de la atención humanitaria y en la articulación de acciones para la inclusión, consideramos sumamente importante informar a la población y autoridades sobre los pormenores de lo que acontece en la diáspora migrante en esta región Norte.

● Las personas solicitantes de asilo en los Estados Unidos de Norteamérica deben anotarse en una lista para obtener un número que les permitiría en su momento presentarse en el puerto fronterizo para su entrega a las autoridades de dicho país. ​Lista cuya legalidad es cuestionada, así como su misterioso resguardo por parte del Grupo Beta.

● Las personas solicitantes de asilo en Estados Unidos retornadas a Tijuana bajo el Protocolo de Protección al Migrante, al regresar a México no tienen garantía de recibir el mínimo de protección como solicitantes de la condición de refugiado de Estados Unidos y tampoco tienen garantía de recibir orientación legal o la representación de un abogado. Al ser retornadas a México se encuentran en un limbo, debido a que no existe un protocolo de recepción o capacidad en los albergues. Tenemos conocimiento de que los grupos retornados llegan a la garita de Tijuana, se les registra por parte de autoridades mexicanas y no se les guía a algún albergue. Recordemos que son familias con niños y niñas, la mayoría quedan en un escenario de tremenda vulnerabilidad y riesgo.

● El cerco creado en el estado de Chiapas para evitar el tránsito de las personas migrantes hacia el Norte, está generado situaciones de separación familiar donde el padre o la madre con hijos(as) que viajaban para reunificarse en Tijuana, no pueden continuar su trayecto, se encuentran varados(as) o detenidos(as) en una estación migratoria con alta probabilidad de ser deportados(as).

● Cientos de personas que iniciaron su solicitud de asilo en el Sur del país y decidieron viajar al Norte en busca de trabajo y mejores condiciones de vida, se encuentran en la incertidumbre jurídica, desconocen el estado que guarda su proceso, no tienen una condición de estancia regular y por lo tanto no pueden obtener un trabajo formal. No hay representación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en Tijuana ni autoridad que informe y mucho menos que resuelva su situación.

● Existe otro amplio grupo de personas de diversas nacionalidades que han llegado a la ciudad sin un documento migratorio o con uno ya vencido, que tienen intención de establecerse e​n la ciudad, pero que una interpretación sesgada de la normatividad, no les permite acceder a un trámite individual de regularización migratoria para solicitar la tarjeta de visitante por razones humanitarias.

● Los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados se encuentran en un estado de vulnerabilidad e indefensión donde el INM les impide anotarse en “la lista” para solicitar asilo en Estados Unidos, sólo ofrece institucionalizarlos en el DIF sin atender al interés superior de la niñez, quedando así a expensas de la burocracia y de los servicios del Estado. De tal suerte que prefieren mantenerse en la clandestinidad y anonimato, lo cual los(as) vuelve aún más vulnerables.

● No hay acceso a información sobre las personas ingresadas en las estaciones migratorias, hay muchas personas que buscan a algún familiar migrante que estaba en tránsito por el país con quien perdieron contacto y es prácticamente imposible ubicarlos en alguna estación migratoria. (lgs)