Por Manuel OCAÑO / HIPTEX

TIJUANA.- De un refugio de Tijuana han desaparecido varias migrantes adolescentes y aunque el responsable ha sido identificado, sigue libre, sin orden de aprehensión, porque las autoridades descartan a las únicas testigos, por ser menores de edad.

El coordinador del refugio Agape, el pastor Albert Rivera, denunció que en los últimos dos meses y medio cinco adolescentes mujeres y una adulta joven centroamericanas han desaparecido luego de que un traficante de personas las convenció en ese albergue de seguirlo para cruzar la frontera.

“El traficante vivía aquí, con nosotros, en el refugio, desde diciembre, por eso pensamos que estaba infiltrado para llevarse a las jovencitas”, dijo el pastor.

De seis menores y una adulta joven que se fueron del refugio con el presunto traficante, solo se conoce el paradero de una de las adolescentes, en Nueva York.

Dos migrantes salvadoreñas de 13 y 17 años de edad confirmaron a Hiptex que el sujeto, de nacionalidad guatemalteca y con visa humanitaria en México, convenció a las jovencitas para que salieran del albergue y lo siguieran presuntamente a la frontera.

“Nos hacía plática de música que nos gusta, nos prestaba su celular para usar el Facebook unas horas y nos traía regalos de la tienda y luego nos comenzaba a hablar de que cobraba mil pesos por cruzarnos la frontera”, dijo la mayor de las dos migrantes salvadoreñas.

La menor notó que “se acercaba solamente a las niñas, primero a una de ellas y se le ganaba la confianza y luego ya, por medio de ella, a otras”.

Luego de que las menores desaparecieron, el hombre regresó al refugio Agape en el vecindario de El Jibarito, y aunque las menores testigos todavía no lo señalaban, un matrimonio hondureño lo reconoció como un traficante que les había cobrado por cruzarlos la frontera, pero los abandonó en las montañas de Otay.

En ese momento del refugio llamaron a la policía. Lo entretuvieron, y cuando un policía se presentó, el agente asignado ignoró los testimonios de los migrantes, incluidos los de las menores salvadoreñas, pero se llevó al sospechoso guatemalteco.

Días después el pastor Rivera averiguó, supo que el policía solo acusó al presunto traficante por hacer escándalo, sin mencionar para nada la desaparición de las menores ni los testimonios, por lo que salió libre a la mañana siguiente.

“No mencionó nada de la desaparición de migrantes ni las denuncias; como si quisiera más bien encubrir al traficante”, dijo Rivera.

El pastor fue entonces con las testigos, casi niñas, ante la síndico procuradora a exigir justicia por la falta del policía. Para entonces el matrimonio hondureño que identificó en el refugio al sujeto guatemalteco ya había cruzado la frontera para entrevista de asilo.

Según la síndico procuradora, los únicos testimonios que quedaban en Tijuana eran improcedentes, porque ambas salvadoreñas son menores de edad sin compañía de sus padres o tutores legales que las respalden.

La pareja hondureña y otra joven migrante que habían testificado contra el guatemalteco fueron localizados en Estados Unidos pero ofrecieron volver a testificar sin regresa a México, porque dijeron tener por sus vidas, pues habían sido secuestrados en territorio mexicano antes de cruzar a Estados Unidos.

El pastor dice pensar que, por una u otra razón, las autoridades aletargaron tanto el caso que provocaron que los testigos importantes se fueran. Supone que se trata de un encubrimiento relacionado con el proceso electoral actualmente en Tijuana.

“Hay quienes piensan que el policía está coludido con tráfico, porque es el oficial encargado de ir a los refugios, pero quieren desechar el caso si es corrupción porque el presidente municipal, Juan Manuel Gastélum, se quiere reelegir en estas elecciones y no quieren que se hable nada de corrupción”, dijo al pastor Rivera.

Sin embargo la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California sí se interesó por el caso y abrió un expediente – el número 1651/2019—y a partir de ahí otras autoridades tuvieron que retomar el caso.

A petición de esa comisión, un cónsul de El Salvador proporcionó a las adolescentes salvadoreñas copias certificadas de sus actas de nacimiento e inició gestiones para que el padre de ambas llegara desde San Salvador a Tijuana.

El martes ya se había presentado también al refugio personal de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), una dependencia de la ONU, quienes dijeron que mediante las  menores testigos habían contactado en el sureño estado mexicano de Chiapas al padre de ambas.

Ahora la COMAR confirmó que el trámite de regularización migratoria de las menores está en proceso, y hace gestiones para que las autoridades mexicanas agilicen los permisos correspondientes para que el padre de las menores pueda viajar cuanto antes a Tijuana.

La presencia del padre sería suficiente para que las autoridades acepten los testimonios de las dos menores, quienes ya no quieren llegar a Estados Unidos, sino quedarse con su padre a vivir en Tijuana.

“Mientras tanto”, dice el pastor Albert, “tenemos a un sospechoso de tráfico y quién sabe qué más delitos que anda libre porque no hay una orden de aprehensión, y no la hay porque las únicas testigos son menores, y las autoridades no aceptan los testimonios desde Estados Unidos”.

El director de la oficina que investiga el tráfico y explotación de personas en Baja California, Héctor Alejandro Orozco Alvarado, dijo a La Prensa que mientras se intenta presentar cargos contra el guatemalteco Sebastián Nicolás Esteban, de 34 años de edad, el caso de las jóvenes desaparecidas ya conduce a algunos buenos resultados.

Su oficina solicita asistencia a la procuraduría de distrito en San Diego y a la estatal de California para un programa binacional de orientación a migrantes que se encuentran vulnerables a secuestros y engaños por su condición migratoria.

La Procuraduría General de Justicia de Baja California también iniciará una serie de charlas para los migrantes en los albergues en Tijuana.

“Ahí vamos a explicar paso por paso lo que pueden hacer en caso de que sepan o sean víctimas, para que se respeten sus derechos”, dijo el funcionario.

Entre tanto, el único caso que podría sentar un precedente estatal sigue sin averiguarse a fondo.