Contra dos personas por delitos contra la salud en modalidad con fines de transporte, por una avioneta cargada con casi media tonelada de marihuana.

ENSENADA. La primera sentencia condenatoria del orden federal en Baja California contra dos personas, por delitos contra la salud en modalidad con fines de transporte (avioneta cargada con casi media tonelada de marihuana), fue obtenida la semana pasada.



Sergio Castañeda Sanchotena, fiscal y jefe encargado de la Unidad de Investigación y Litigación del Estado por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer que la fiscalía está pidiendo 10 años de prisión, lo cual se resolverá este viernes.



Relató que en noviembre del año pasado elementos castrenses detectaron en vuelo rasante una avioneta proveniente de Sonora; la ubicaron a la altura de San Felipe, por lo que personal de Marina y el Ejército la hicieron bajar en Puerta Trampa, Ojos Negros, municipio de Ensenada.



Por tierra llegó personal de la BOM (Sedena y Policía Federal); la Policía Federal intervino como primer respondiente y elaboró el Informe Policial Homologado.



Castañeda Sanchotena dijo que los tripulantes de la avioneta aceptaron haber salido de El Fuerte, Sinaloa, en un taxi aéreo, con destino a Chihuahua para recoger a una persona que se le descompuso su vehículo, para posteriormente regresar a Los Mochis.



A Chihuahua llegaron piloto, copiloto y un amigo del piloto. En sus declaraciones aseguraron haber sido secuestrados por un grupo de La Línea, para efectos de que hicieran “un jale” de Chihuahua a Baja California; para tal fin secuestraron al amigo del piloto.



Los dos sentenciados hicieron “el jale”, pero los detectaron. Nunca expusieron la parte del secuestro y que los habían obligado a hacer el traslado. Fue hasta el juicio que la defensa llegaó con esa teoría del caso, relató el fiscal de PGR.



Al secuestrado lo certificó un médico, quien determinó que presentaba hematomas, pero para su mala suerte primero lo certificó el IMSS y no el Ministerio Público. Todo derivó en contradicciones hasta que se evidenció que su versión era falsa.



Además, en contrainterrogatorio se desestimó el dictamen de la psicóloga pagada por la defensa de las dos personas, ya que para ella había síndrome de Estocolmo, pero no era así; la psicóloga también dictaminó que estaban en shock para efecto de excluyente de responsabilidad, pero no lo logró.



Así, este viernes se fijará la pena que puede ir de 5 a 15 años, por lo cual la Fiscalía pide 10 años en prisión



De los cuatro juicios federales en Baja California desde que se implementó el Sistema Penal Acusatorio, los otros tres se perdieron por violaciones a los derechos humanos.