Según el diario NYT desde el 2011 agencias mexicanas han gastado 80 millones de dólares software de espionaje, conocido como “Pegasus”, que debería ser utilizado para investigar a exclusivamente a criminales y terroristas.

Por Alberto Sarmiento Reyes / Hiptex
El diputado federal Jorge Ramos Hernández ha sido puesto en el centro de uno de los problemas más trascendentes de la vida política nacional y cuyas consecuencias serán dimensionadas a cabalidad solo si el seguimiento que le dé a la denuncia sobre el espionaje telefónico que el gobierno federal realiza hacia algunos periodistas, activistas sociales y funcionarios panistas, logra confirmar lo denunciado por el influyente The New York Times.

En la década de los 70´s la vida política de los Estados Unidos se estremeció en sus cimientos por el “Watergate”, un escándalo donde la intervención telefónica desde el poder en contra de los adversarios políticos y periodistas puso en jaque al gobierno del presidente Ricard Nixon, hasta que, acorralado, pasó a la historia al convertirse en el único en dimitir a su cargo.

Lo denunciado por NYT el lunes pasado, pareciera que tiene mucho en común con lo ocurrido hace casi medio siglo en Estados Unidos.

Según el diario neoyorkino desde el 2011 agencias mexicanas han gastado 80 millones de dólares software de espionaje, conocido como “Pegasus”, que debería ser utilizado para investigar a exclusivamente a criminales y terroristas, pero que el gobierno mexicano decidió extender a periodistas y activistas, y adversarios políticos.

El Presidente del CEN del PAN, Ricardo Anaya Cortés, dio a conocer ayer que Jorge Ramos, en su calidad de integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, será el responsable de darle seguimiento a esa denuncia.

El espionaje telefónico en nuestro País y muy probablemente en muchos otros del mundo, es una práctica común desde hace muchos años, que se ha sofisticado en la medida que la tecnología ha avanzado a niveles insospechados y por ende resulta hoy día más peligroso para quienes son víctimas de ello.

Pero que sea práctica común y con alcances sofisticados en niveles tecnológicos, no los hace legales. Y es ahí el enorme reto que enfrenta Jorge Ramos al ser nombrado por su partido responsable de la investigación.

Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación; Raúl Cervantes Andrade, titular de la Procuraduría General de la República; Eugenio Imaz Gispert, director general del CICEN, se ubican en el ojo de la denuncia y es hacia ellos que deben dirigirse los pasos de Jorge Ramos.

Ya inmersos en el proceso electoral del 2018, tanto dentro como fuera de los partidos políticos y en el gobierno federal, la denuncia de espionaje telefónico que enfrenta el gobierno del Enrique Peña Nieto habrá de convertirse en otro elemento más de la confrontación partidista, a la que se suma la postura de un sector del gremio periodístico que se siente afectado por esta ilícita actividad desplegada en su contra.

Hoy la tecnología desplegada en el espionaje telefónico permite a quienes la practican llegar a la intimidad de sus víctimas. Ya no se trata, como en el pasado, intervenir y escuchar llamadas telefónicas, sino tomar video, audio, mensajes, acceder a cuentas bancarias, redes sociales.

Aún no se dimensiona el alcance de lo denunciado por el NYT. En este reto, Jorge Ramos, como seguramente no pocos colegas, esperan encontrar la versión mexicana de “Garganta Profunda”, la fuente de información que permitió a dos sagaces periodistas sacar a la luz el “Watergate” y sacudir al sistema político estadounidense.