El presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunió con el que conformará el gabinete de seguridad del próximo gobierno.

CDMX.- El próximo gobierno no comprará armas ni tecnología para el combate a la delincuencia, al considerar que existe suficiente en la materia para trabajar con lo que se cuenta durante el próximo sexenio.

Así lo anticipó Alfonso Durazo Montaño, próximo secretario de Seguridad Pública en el gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

Dijo que a pesar de que se ejercerá un presupuesto similar al actual en materia de seguridad pública, no se tiene contemplada la compra de armas ni tecnología.


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Anticipó que la estrategia de seguridad a ponerse en marcha a partir del próximo primero de diciembre, una vez que el gobierno electo entre en funciones, priorizará el trabajo coordinado y permanente con las fuerzas armadas y los tres niveles de gobierno.

“Vamos a coordinarnos de manera permanente con las fuerzas armadas en reuniones diarias a nivel nacional, pero también a nivel estatal y regional”, anticipó.

De tal manera, dijo, que el gabinete de seguridad dará seguridad a cuestiones de carácter estratégico, a nivel estatal y regional se tomarán las decisiones.

Habrá un representante del presidente a nivel regional y estatal y ahí se tomarán las acciones para atender la incidencia delictiva, anticipó.

Este martes, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunió en la casa de transición con el que será su gabinete de seguridad.

Asistieron la ministra Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación; el general ensenadense Luis Cresencio Sandoval González, quien encabezará la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); el almirante José Rafael Ojeda, próximo secretario de Marina; Alfonso Durazo Montaño, próximo secretario de Seguridad, entre otros.

Durazo Montaño dijo que ante la emergencia de la situación de violencia e inseguridad que se vive en el país, es hora de que los tres niveles de gobierno trabajen de manera coordinada.

El combate conjunto a robos, secuestros, extorsiones y cobros de piso será prioridad, porque son problemas de seguridad pública que más afectan a la población, sin dejar de enfrentar acciones y grupos que representan un riesgo para la seguridad.