SAN DIEGO, EU.— El gobierno del presidente Donald Trump informó el martes que dispensará la aplicación de revisiones ambientales y otras leyes para remplazar un tramo del muro fronterizo con México en el área de San Diego, un nuevo paso para cumplir una de sus promesas de campaña.

Varios críticos, incluido el Centro para la Diversidad Biológica, fustigaron la decisión por considerar que se extralimita y representa una amenaza al ambiente.

El Departamento de Seguridad Nacional indicó en un comunicado que “en los próximos días” publicará en el Federal Register _la gaceta gubernamental_ una notificación para exentar al gobierno de la Ley Nacional de Protección Ambiental, la cual requiere efectuar extensas revisiones de impactos ambientales, y varias leyes adicionales en un tramo de frontera de 24 kilómetros (15 millas) desde la costa del Pacífico hacia el este.

Será la sexta vez que el departamento ejerce esa autoridad desde 2005 y la primera desde el 2008.

Una ley aprobada en 2005 le otorga al Departamento de Seguridad Nacional una extensa autoridad para dispensar “todo requerimiento legal” para construir barreras fronterizas.

El Congreso aprobó la ley para impedir impugnaciones judiciales, lo que permitió la edificación de cientos de kilómetros de nuevas barreras en la frontera entre Estados Unidos y México durante los últimos años del gobierno del presidente George W. Bush, con lo cual alcanzaron su extensión actual de 1.040 kilómetros (650 millas).

La semana pasada, la Cámara de Representantes autorizó la solicitud del gobierno de asignar 1.600 millones de dólares para comenzar la construcción del muro fronterizo ordenado por Trump, que incluiría el reemplazo de 22 kilómetros (14 millas) en San Diego amparados por la reciente dispensa, y la construcción de 96 kilómetros (60 millas) de nuevas barreras en el Valle del Río Grande, en Texas. Se desconoce cuándo emitirá el Departamento de Seguridad Nacional las dispensas para Texas, donde en la actualidad se efectúan el mayor número de cruces ilegales.

El Centro para la Diversidad Biológica impugnará la exención en San Diego bajo el argumento de que la ley de 2005 no se aplica al reemplazo de barreras, dijo Brian Segee, abogado de ese grupo de defensa del medio ambiente con sede en Tucson, Arizona.

El grupo ya interpuso una demanda contra el gobierno con relación al reemplazo de la barrera en San Diego y los planes para la construcción de prototipos en esa ciudad a convocatoria de Trump, quien pidió un “enorme y hermoso muro”.

El caso fue presentado ante el juez federal de distrito Gonzalo Curiel, quien fue blanco de críticas de Trump en torno a las demandas de supuesto fraude contra la ahora extinta Universidad Trump, las cuales fueron resueltas el año pasado fuera de tribunales poco antes de que se iniciara el litigio. Curiel presidió ese caso.

“La dispensación ya ha sido llamada la exención más amplia en la historia de Estados Unidos”, dijo Segee. “Cualquier intento por aumentarla más allá de su alcance es algo que vamos a impugnar”.

El Departamento de Seguridad Nacional indicó que la exención en San Diego se apega a la ley de 2005 y que la zona es una alta prioridad para las nuevas medidas de seguridad, incluida la construcción de caminos y barreras fronterizas.

El sector San Diego de la Patrulla Fronteriza realizó alrededor de 32.000 arrestos el año pasado — el 8% del total registrado en la frontera entre Estados Unidos y México—, e incautó más de cuatro toneladas de marihuana y más de media tonelada de cocaína.

“El sector sigue siendo un área con elevado tráfico ilegal, por lo que existe una necesidad inmediata de mejorar la infraestructura actual y construir barreras fronterizas y caminos adicionales”, indicó la dependencia en un comunicado.