Desde este mes, los delegados federales deberán salir de sus oficinas para hablar no de sus logros, sino los del Gobierno Federal.

Por Alberto Sarmiento Reyes / Hiptex



 



La orden llegó clara y contundente desde la Ciudad de México: deben salir a defender el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.



De cara a los comicios presidenciales del 2018, el Gobierno Federal ha decidido emprender un último y desesperado esfuerzo por recomponer su dañada imagen ante el electorado en Baja California.



Desde la Secretaría de Gobernación, donde aún despacha como titular Miguel Ángel Osorio Chong, se dio la orden para todos los delegados del Gobierno Federal en la entidad para que emprendan una ofensiva mediática y sostengan encuentros informativos con organismos de la sociedad civil.



La misión es muy sencilla, como lo resume la campaña institucional lanzada el año pasado por el Gobierno Federal: “lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho”, pero que ante el despiadado ataque en redes sociales se modificó al actual: “lo bueno cuenta y cuenta mucho”.



Desde este mes, los delegados federales deberán salir de sus oficinas para hablar no de sus logros, sino los del Gobierno Federal.



Gobernada por el panismo a nivel estatal desde 1989, Baja California es considerada una entidad poco atractiva, electoralmente hablando, para el Partido Revolucionario Institucional (PRI), los comicios federales del 2015 así lo confirmó: el PAN arrasó, el PRI debió conformarse con un diputación plurinominal y nada más.



En el 2012, cuando Enrique Peña Nieto era candidato a la presidencia de la república, logró ganar en Baja California con muy poco margen… pero por primera vez el PRI no tuvo representantes en el Senado de la República, al ser superado por el PAN y el PRD.



Pero el poco respaldo electoral que había ganado, Peña Nieto lo tiró por la borda al decretar la homologación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que pasó del 11 al 16 por ciento en la franja fronteriza. Un golpe brutal para la economía de la región en ese aciago 2014



La impopular medida solo fue defendida por unos cuantos priistas y funcionarios federales. Uno de ellos fue el delegado de la Secretaría de Gobernación, José Luis Hernández Ibarra, que ante el embate de los empresarios y otros sectores llegó al extremo de amenazar a los detractores de la medida con proceder con acciones legales en su contra.



La relación con Gobierno Federal y por ende con el PRI se descompuso… y se fue agravando al paso de los meses.



En el rubro de la seguridad, en el sexenio de Peña Nieto no se conoce de la detención de lo que las corporaciones policiacas llaman como “objetivos prioritarios”, pero que no son otros que los capos de la delincuencia organizada. Y eso que dicen que los tienen identificados.



Pero ha sido en el renglón económico donde el Gobierno Federal tiene una deuda mayor con los bajacalifornianos. En lo que va del actual sexenio el tipo de cambio pasó de 12 pesos por dólar en el 2012, a los 22 en enero de este año… y aunque se contuvo la devaluación, apenas ha podido recuperar terreno para ubicarse, en estos días a una paridad de 17.30 por un billete verde.



Los gasolinazos mensuales llegarían a su fin con la Reforma Energética, pero en enero de este año se dio el mega gasolinazo, para en meses liberar su precio… que nunca ha bajado como se ofreció en función del libre mercado.



Tras su desafortunado incidente con los empresarios, quien en los hechos es el representante del Gobierno Federal en la entidad y coordinador de todos los delegados federales, José Luis Hernández Ibarra perdió liderazgo.



Por ello es que ahora cada uno de los titulares de las delegaciones tendrán que salir para rescatar al gobierno federal y al partido que representa.



Pero el escenario a nivel nacional y en especial en Baja California es muy adverso al priismo y al gobierno de EPN. Hoy día casi todas las encuestas ubican al PRI en un tercera posición en las preferencias electorales.



Pero el tiempo lo tienen en contra y si en cinco años poco o nada han hecho por defender al gobierno que sirven… seis meses parecen insuficientes para darle vuelta a la deteriorada imagen presidencial.



Pero no hay peor lucha que la que no se hace y la orden deberá cumplirse desde los primeros días de agosto. Ya se verán los resultados.