Redacción/ HIPTEX

TIJUANA.- El titular del INE pretende ordenar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la obstrucción de la toma de protesta del gobernador del Estado de Baja California, Jaime Bonilla Valdez.

Así lo acusó Amador Rodríguez Lozano, próximo secretario general de Gobierno en la administración del aún gobernador electo, quien asumirá el cargo el próximo 01 de noviembre. Aún es incierto si por un periodo de dos o cinco años debido a las controversias en torno a la llamada “Ley Bonilla”, reforma constitucional que amplía de dos a cinco años la próxima gubernatura.

A través de un posicionamiento en redes sociales, Rodríguez Lozano acusó que “en la últimas semanas Lorenzo Córdova Vianello, presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) ha asumido una actitud obstinada en torno al gobernador electo Jaime Bonilla Valdez”.

Lo señaló de que “sin atribuciones legales”, pretende desde el INE ordenar a la Corte que obstruya la toma de protesta del gobernador electo.

Además, de presentar ante Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un Juicio Electoral para intentar “a toda costa”, la toma de posesión del gobernador electo por Baja California Jaime Bonilla Valdez, como dijo Rodríguez Lozano, Córdova Vianello lo confirmó en declaraciones a la radio.

“De igual manera y sin precedente alguno, amagó a los ministros de la Corte con la futura presentación de una controversia constitucional en contra de la reforma a la Constitución de Baja California, en ambos casos llama la atención, que el Instituto Nacional Electoral no goza, para el caso particular, de atribuciones ni legitimidad procesal para la presentación de dichos recursos, por lo que podría estar incurriendo en ilegalidades constitucionales. La mejor defensa de la democracia, es el respeto a la legalidad”.

“En lugar de ver la astilla en el ojo ajeno, debería ver la viga en el propio. Recientemente el órgano interno de control del INE le abrió un procedimiento administrativo a Lorenzo Córdova por encontrarse "extraviados" más de trescientos vehículos oficiales pagados con recursos del erario público, y al parecer han encontrado detalles administrativos que Córdova tiene obligación de aclarar”, remató. (lgs)