El abogado Julio Hernández Barros acusó al MP de recurrir a “chicanadas” para que juez impusiera prisión preventiva a la extitular de Sedesol

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) recurrió a una “chicanada”, al presentar una licencia de conducir falsa de Rosario Robles Berlanga, para que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna decidiera imponer la medida cautelar de prisión preventiva, acusó el abogado Julio Hernández Barros.

El  encargado de la defensa legal de la exsecretaria de Desarrollo Social denunció que se trata de un documento evidentemente apócrifo que en su momento fue resultado,

“El Ministerio Público presentó este documento con datos, firma y fotografía falsos. En él se puede observar que la fotografía fue tomada tal vez de Internet, la firma no corresponde con la de nuestra defendida y con datos que no corresponden con el domicilio de Rosario Robles”, señaló.

“La licencia, que llegó de forma anónima a nuestras manos, con datos de la Semovi de la Ciudad de México, señala en su base de datos que el domicilio de nuestra defendida es la calle de Tennyson s/n, colonia Axotla, en Álvaro Obregón”.

Sin embargo, la calle Tennyson está ubicada en Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, por lo que exigió se respete el Estado de Derecho y se dé continuidad al procedimiento evitando “ardides” notoriamente improcedentes, y se reponga a la brevedad la audiencia bajo las condiciones que ya estaban establecidas.

Hernández Barros dijo que, en un acto “arbitrario” y fuera de toda lógica, el Ministerio Público Federal recusó a la magistrada Graciela Rocío Santes Magaña para evitar que conociera de la audiencia pública de alegatos aclaratorios prevista para este viernes 13 de septiembre.

Ahí se revisaría la medida cautelar de prisión preventiva impuesta de manera ilegal a su defendida, agregó. Acusó que la intención del Ministerio Público al recusar a la magistrada salta a la vista: prolongar innecesaria e injustamente la prisión preventiva a la que está sometida Rosario Robles.

“Esto es una muestra evidente del tipo de ‘chicanadas’ a las que está dispuesta a participar la parte acusadora”, apuntó.

Hernández Barros lamentó y reprobó el “juego sucio” del Ministerio Público al descalificar y poner en duda la dignidad, el profesionalismo, la imparcialidad y la experiencia de la magistrada Santes Magaña para conocer del caso.

En cambio, acusó, no lo hizo así cuando se designó “por sorteo” al juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, que sí estaba impedido legal y éticamente.

Destacó que, si el Ministerio Público Federal tuviera los elementos legales sólidos para sostener las acusaciones contra Rosario Robles, no tendría mayor relevancia quién sería el juzgador o la juzgadora designada para conocer de los alegatos aclaratorios.

Advirtió que se trata del mismo Ministerio Público que mencionó sin presentar como prueba una supuesta licencia de conducir con un domicilio distinto al de su representada, dichos con los cuales el juez Delgadillo Padierna decidió de forma “arbitraria” y sin tomar en cuenta las pruebas de la defensa imponer la medida cautelar.(Notimex,agencias)