Redacción/ HIPTEX

TIJUANA.- El gobierno federal mantiene operativos en las autopistas de Baja California para impedir que grupos civiles tomen y liberen las casetas de cobro a cargo de Caminos y Puentes Federales (Capufe), lo que representa un daño al erario de 20 millones de pesos mensuales de acuerdo al gobernador electo Jaime Bonilla Valdez.

Desde la semana pasada, la Mesa de Seguridad Estatal acordó tomar medidas al respecto de la toma de casetas que diversos grupos mantenían en las carreteras de paga de la entidad desde hace ocho meses.

A partir de entonces varias personas han sido detenidas por causar daños a la propiedad federal, reconoció Isaías Bertín Sandoval, secretario técnico de la Mesa de Seguridad Estatal a la que cotidianamente acude el gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez.

Sostuvo que las detenciones no son por la manifestación, que es libre, sino por causar daños en la infraestructura.

Este viernes hubo un nuevo intento de toma y liberación de casetas en la de Playas de Rosarito, impedida por el operativo que encabeza el gobierno federal, en el que participan elementos policiacos municipales, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Guardia Nacional.

“Los abuelos se mueren por no tener para pagar un tratamiento que es muy caro”, expresaron manifestantes que acudieron a la autopista.

Tras las declaraciones de la mañana del gobernador electo acerca de que quienes encabezan el movimiento son grupos mezquinos con intereses particulares que se enriquecen solicitando cooperación, integrantes de uno de éstos se entrevistaron con Bonilla Valdez, quien les ofreció trabajo a cambio de que dejen de tomar casetas.

Dijo que con él tendrán trabajo digno a partir de su gestión que inicia el primero de noviembre, además de los apoyos sociales para los adultos mayores que no les serán retirados aunque laboren, pero a cambio de que participen en la intención de poner orden en el Estado.

Los asistentes pidieron “que no nos humillen ni nos digan rateros” y que el trabajo que les ofrece el gobernador electo no sea denigrante. (lgs)