Con sólo manifestar violación, sin necesidad de denuncia ni autorización de la autoridad y ni que personal de salud que participe en el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo esté obligado a verificar el dicho de la solicitante.

Redacción/ HIPTEX

TIJUANA.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el proyecto de Controversia Constitucional sobre el aborto promovido por el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, en contra del Poder Ejecutivo Federal y facilita el acceso de mujeres y niñas a la interrupción voluntaria del embarazo cuando hayan sido víctimas de violación.

En él, el Ejecutivo de Baja California demandaba la invalidez de diversas disposiciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999, Prestación de Servicios de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de marzo de 2016.

Con el revés al Poder Ejecutivo bajacaliforniano quedan firmes las modificaciones más importantes en dicha norma, como que para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo sólo será necesaria la previa solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad de la persona afectada, de que dicho embarazo es producto de una violación.

“Esto conforme a los casos permitidos por ley y disposiciones jurídicas de protección a los derechos de las víctimas”.

Además, en el caso de niñas menores de 12 años, la solicitud se realizará por conducto de su padre y/o madre, o a falta de éstos, de su tutor.

El personal de salud que participe en el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo no estará obligado a verificar el dicho de la solicitante y se elimina el requisito de la autorización previa de la autoridad competente.

En sesión de su Tribunal Pleno celebrada el lunes, desechó dos proyectos que proponían invalidar la “Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999, Prestación de servicios de salud. Criterios para la atención médica de la violencia familiar, para quedar como NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención”.

Lo anterior, al considerar que no se cumplieron los requisitos previstos en la Ley Federal de Metrología y Normalización, para modificar una norma de este tipo, “pues no se pretendió crear nuevos requisitos o procedimientos, sino únicamente ajustarla a lo dispuesto en la Ley General de Víctimas, facilitando el acceso de mujeres y niñas a la interrupción voluntaria del embarazo cuando hayan sido víctimas de violación”.

La otra controversia constitucional desechada fue la 45/2016, promovida por el Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, en contra del Poder Ejecutivo Federal, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999, Prestación de Servicios de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de marzo de 2016.

“Los asuntos serán returnados a un Ministro de la mayoría, para que presente un nuevo proyecto en el que se analicen otros argumentos planteados en contra de esta disposición general”.