ENSENADA.- Si alguien dice que la planta desalinizadora (conocida como Kenton) de agua de mar en San Quintín no es la solución al grave desabasto, que presente alternativas, de lo contrario que se calle o asuma el costo social, expresó el ingeniero Carlos Loyola Peterson, director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe).

Reclama que quienes se oponen a las plantas desalinizadoras son grupos de Mexicali, pero para ellos no hay problema porque ese municipio concentra el 88 por ciento de los recursos hídricos de todo el estado.

En entrevista con HIPTEX, el funcionario estatal califica de dramático el escenario en la región de San Quintín, desde Camalú hasta Lázaro Cárdenas, en cuestión de abastecimiento de agua.

Y aporta un dato: en esa región sureña del municipio de Ensenada viven unas 100 mil personas y la disponibilidad de agua en red es para apenas 40 mil. Por ello, “la única opción que hay para el futuro de San Quintín es el mar”, sostiene.

Envuelta en la polémica por el mecanismo de Asociación Público-Privada que actualmente se intenta votar en el Congreso local, la desalinizadora de San Quintín elevaría la calidad de vida de esas 100 mil personas, sostiene Loyola.

“Son 100 mil personas a las cuales el derecho al acceso al agua no se les ha hecho una realidad”, estamos hablando de un 25 por ciento de la ciudad de Ensenada, compara el director de la paraestatal.

Si en Ensenada hay problemas de abastecimiento, allá sus habitantes reciben agua por red una vez cada cuatro o cinco días. El abastecimiento del líquido lo completan con pipas que distribuyen por botes, con todas las condiciones de insalubridad que ello conlleva.

Además ese servicio es costoso, un tibor de 200 litros lo pagan a 40 pesos, es decir, el metro cúbico les cuesta 200 pesos, analiza.

 

HIPTEX: Dice que la planta desalinizadora es la única solución al desabasto, ¿existe alguna otra que se haya analizado?

 

LOYOLA: El acuífero de San Quintín solamente recibe agua de lluvia, a causa de ello está sumamente dañado, afectado por condiciones presentadas a lo largo de 30 años.

También se cuenta con dos arroyos, el de Santo Domingo y San Simón, el primero es el más importante. Con el cambio climático las precipitaciones pluviales en esa zona han bajado durante los recientes 20 años.

Posiblemente hubiera otra opción de abastecimiento, pero parte del acuífero de Santo Domingo y depende de las precipitaciones en San Pedro Mártir.

Si no hay agua de nada te sirve una presa, represas, presas subterráneas que además requieren inversión fuerte y un largo periodo de recuperación ante un escenario de incertidumbre por las pocas precipitaciones.

Esos 60 mil habitantes que no tienen el servicio ya no pueden esperar, hay que resolverles el problema en el corto plazo; después, paralelamente podemos trabajar un proyecto de mediano y largo plazo en materia hídrica, de la mano con la federación.

 

HIPTEX: Hay posibilidad de que el mecanismo de APP para la planta desalinizadora sea rechazado en el Congreso.

 

LOYOLA: Yo ni siquiera quiero pensar en esa posibilidad, eso significaría generar un fuertísimo problema social y legal. Tenemos que enfocarnos en los beneficios de este proyecto.

 

HIPTEX: ¿Qué les dice a quienes se oponen al proyecto porque aducen opacidad, deuda millonaria, negocio del gobierno?

 

LOYOLA: Lo primero es que tal vez tienen un altísimo nivel de desconocimiento, el contrato es público. Se asignó un contrato tomando en cuenta las bases de la licitación, estuvo abierto para que las empresas participaran.

Pensar que el gobierno debería construir sin ningún costo es irreal. Además el gobierno ayudará a la Cespe y la agente a sufragar los costos para que paulatinamente haya autosuficiencia.

Paralelamente a la desaladora se están construyendo las redes de distribución, ello implica más de 400 millones de pesos de inversión, de los cuales llevamos 100.

Como responsable de la Cespe, como ensenadense, estoy empecinado en resolver esa problemática de los habitantes de San Quintín. Estamos totalmente seguro que esa es la solución.

La planta desalinizadora es la solución a implementar, a menos que deseemos que esas 60 mil personas se queden sin agua.

 

HIPTEX: ¿Hay avances en la construcción de la planta desalinizadora?

LOYOLA: La empresa ha estado realizando todas las actividades que le corresponden, de acuerdo con el contrato y programa de trabajo.

Ha presentado toda la información requerida por las autoridades. Ya hay inversiones en adquisiciones de predios, estudios preparatorios, toda la ingeniería, todo el proyecto ejecutivo.

Esta planta tiene un gran ventaja, la toma será de pozos playeros, no directa del mar.

En este momento estamos esperando la resolución final por parte del Congreso y que salgan los permisos.

El contrato será a 27 años, con un costo de 560 millones de pesos bajo una Asociación Público-Privada.

El gobernador está empecinado en que se cumpla ese derecho de acceso al agua, para poder tener entonces mejores condiciones de vida y el mismo tiempo generar oportunidad de desarrollo.

Reconozco la voluntad de entrarle al toro, de frente, resolverlo en lugar de patear el bote.

Son decisiones difíciles, pero orientadas a elevar la calidad de vida de 100 mil personas.