Por Alberto Sarmiento Reyes / Hiptex

El gobernador Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid llega al último tercio de su gestión, la quinta que de manera consecutiva ha ligado su partido, Acción Nacional (PAN) en Baja California, con la inseguridad y la desconfianza ciudadana como las dos principales asignaturas por resolver.

De cara a los comicios federales del 2018, preámbulo de lo que será el relevo a nivel estatal un año más tarde, la administración kikista enfrenta serios cuestionamientos por el alza en la incidencia delictiva en los últimos cuatro años, que en el caso de Tijuana se ha reflejado con el homicidio de más de mil 200 personas en lo que va del año.

En los dos años que le quedan al mandatario panista, deberá ofrecer resultados concretos en el el combate a la inseguridad y que la llamada Cruzada por la Seguridad en Baja California se refleje en una clara diminución de los delitos, no solo de alto impacto, como son las ejecuciones, sino en los comunes que golpean más a la población e inciden en la percepción del problema.

Sin embargo, al menos por lo que resta de este año y el que le resta al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, Baja California tendrá que rascarse con sus propias uñas no solo en el problema de inseguridad sino en todos los demás que enfrenta. Para la Federación la prioridad es atender la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre pasado.

Pero donde sin duda el mandatario estatal tiene un reto mayor es en la recuperación de la confianza ciudadana. Los señalamientos que en los primeros cuatro años que ha recibido por el manejo poco transparente y, en algunos casos, cuestionables, en la asignación de contratos de diversas obras ejecutadas por su gobierno.

En estos momentos, donde la confianza hacia todos los gobernantes, sin importar el nivel o partido político que pertenezcan está prácticamente por los suelos y, lo más preocupante para ellos, será sumamente imposible recuperar, Kiko Vega tiene ante sí el reto de preparar, desde ahora, una salida sin sobresaltos en lo político y en lo legal. 

La polémica surgida sobre el tema de la aprobación de los contratos para la construcción del C5i y dos plantas desalinizadoras en la entidad, una en Playas de Rosarito y otra en San Quintín, hoy empantanado en el Congreso del Estado, tiene su origen precisamente en el asunto de la confianza, aderezado con los intereses políticos que prevalecen en la entidad.

“Rechazamos categóricamente la posibilidad de que el Congreso apruebe un contrato ya firmado con el proveedor seleccionado; lamentamos la falta de transparencia en el proceso”, establecieron en un documento firmado por los presidentes de la Coparmex en cada uno de cinco municipios de la entidad, para establecer su rechazo a la iniciativa para el financiamiento del C5i.

El voto de rechazo de un legislador panista, Miguel Osuna Millán y las reticencias para sumarse por parte de Andrés de la Rosa Anaya, reflejan el distanciamiento que el gobernador “Kiko” Vega tiene con un sector del panismo en la entidad desde que asumió el poder.

Con el antecedente reciente de varios gobernadores, entre ellos un panista, en prisión o prófugos de la ley, el mandatario bajacaliforniano debe estar consciente que el único escenario político nacional que le sería favorable sería la candidatura y eventual triunfo del panista Ricardo Anaya Cortés, en la elección presidencial del año entrante.

Cualquier otro escenario, sea Andrés Manuel López Obrador, incluso la misma panista Margarita Zavala y hasta el abanderado que postule el Revolucionario Institucional, representan para el gobernador Vega un enorme riesgo político, administrativo y legal. 

En pocas palabras, cualquiera que fuese Presidente de la República retomaría los señalamientos existente e iría por “Kiko” Vega, máxime cuando la de Baja California será la primera elección a gobernador que habrá de enfrentar. 

Son 24 meses los que tiene el mandatario estatal para corregir lo que se deba corregir, pensar que todo lo realizado en los cuatro años de gestión ha sido positivo es un error que pudiera ser muy costoso y con implicaciones políticas y legales para su persona.