En dos comunicados por separado Consulten y Codeen emiten posturas encontradas en torno al polémico proyecto.

ENSENADA.- Los presidentes del Consejo Consultivo Económico de Ensenada (Consulten) y del Consejo de Desarrollo Económico de Ensenada emitieron hoy, vía comunicados, sus posturas en contra y a favor, respectivamente, del C-5i.



Octavio Sánchez Ramonetti, del Codeen, se pronunció a favor de la instrumentación del C5 en Baja California, como una forma de mejorar el combate a la delincuencia y devolver la tranquilidad a la ciudadanía.



Por el contrario, Carlos Ibarra Aguiar exigió a los tres diputados locales por Ensenada, Alejandro Arregui, Claudia Agatón y Rocío López, votar en contra del contrato mediante el cual se pretende financiar y construir el C-5i.



Desde mediados de la semana pasada se pretendió subir a votación del Pleno este asunto, junto con otros temas igualmente polémicos. A la fecha, recalcó Ibarra, ninguno de los tres diputados locales representativos de Ensenada han fijado su postura; “su silencio nos extraña y nos hace pensar que votarán a favor”, remató.



La sociedad reclama, con justa razón, mejor seguridad en todo sentido; los robos, asaltos y delitos del fuero común se multiplican, por lo que lo inmediato, por sentido común, es fortalecer las corporaciones con tecnología de punta como la del C5i, porque con ello se capitaliza el recurso humano disponible y la capacidad de respuesta policial para atender lo que se observe a través esa herramienta, apuntó por su parte Sánchez Ramonetti.



Se argumenta que es preferible aumentar número de policías, pero eso, estratégicamente es inviable, si se toma en cuenta que, en promedio, solo uno de cada 10 aspirantes logra cumplir con todas las pruebas para incorporarse a alguna corporación policiaca.



El presidente de Codeen destacó que la tecnología e infraestructura que representa el C5i, permitirá capitalizar el recurso humano disponible y que definitivamente tiene la capacidad de respuesta policial para atender lo que se observe a través esa herramienta.



La visión de Ibarra en este punto también es diferente: es cierto que la seguridad se ha convertido en el tema principal de esta administración estatal, por ello, antes que pensar en un proyecto como el C-5i primero tenemos que trabajar en cuestiones básicas como la depuración policíaca, reforzar controles de confianza, capacitación y profesionalización de los elementos, aumentar la fuerza operativa y, sobre todo, una real coordinación que arroje resultados inmediatos, explicó.



Cabe hacer eco de las apreciaciones del presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado -citó Ibarra-, quien recientemente expuso que de nada sirve tener la mejor infraestructura y equipo si no se tiene el personal correcto y suficiente para operarlo. Como ejemplo, Guanajuato opera un C-5i, pero tiene 3000 policías estatales; en Baja California apenas hay 280.



Además, complementó el líder de Consulten, el propio Juan Manuel Hernández Niebla ha hecho varias reflexiones como cuál será la ventaja de operarlo como contrato multianual a través de un tercero y no mediante programas como el Fortaseg; después de los 10 años del contrato el equipo difícilmente seguirá siendo de vanguardia tecnológica.



En otra parte del comunicado de Codeen, Octavio Sánchez dice "a quienes se inquietan por la inversión que se estima en el C5i, deben considerar el costo que significaría para la sociedad seguir siendo atendida con las herramientas actualmente disponibles".



Y luego suelta: “A los bajacalifornianos no nos debe preocupar bajo qué esquema se contratan las obras y se ejecutan los proyectos”.



Sin embargo, para Ibarra el gobernador Francisco Vega de Lamadrid habla de transparencia en cuanto a la licitación pública nacional, pero por otra parte no se conoce el contrato multianual ni el nombre de la empresa que hizo el acuerdo con el gobierno estatal.



El líder de Consulten declaró que tras adjudicarse la licitación y firmarse el contrato con la empresa ganadora, ahora se pretende que el Congreso autorice el financiamiento –que no es otra cosa que una deuda a 10 años de más de 600 millones de pesos -, cuando el proceso debió ser a la inversa, primero contar con la aval del Congreso y después licitar el proyecto.Chocan empresarios por rechazo y apoyo al C-5i.