Por Alberto SARMIENTO REYES / HIPTEX

TIJUANA.- A seis meses de ser denunciado de la comisión de los delitos de peculado, desvío de recursos públicos, contratación indebida y abuso de funciones, el Magistrado José Miguel Trujillo Salceda, adscrito al Tercer Tribunal Unitario del Decimoquinto Circuito, con residencia en Tijuana, el Consejo de la Judicatura Federal le notificó de la investigación que se ha abierto en su contra.

Aunque Trujillo Salceda ya fue removido de su cargo al ser designado titular del Tribunal Unitario en Ciudad Victoria, Tamaulipas, que habrá de asumir la próxima semana, la investigación habrá de continuar su curso.

Desde finales del año pasado, el aún titular del Tercer Tribunal Unitario del Decimoquinto Circuito fue denunciado por la comisión de hechos probablemente constitutivos como serían los delitos de peculado, desvío de recursos públicos, contratación indebida y abuso de funciones, tipificados así por la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

En lo que se refiere al peculado y desvío de recursos, Trujillo Salceda es señalado de obligar regularmente al personal del órgano a cruzar a los Estados Unidos de América e ingresar con fuertes cantidades de dinero así como ingresar mercancías a México sin el pago de los impuestos correspondientes y a través de los empleados de su tribunal.

Los montos asentados en la denuncia rondan entre los 9 o 10 mil dólares por cada transacción bancaria.

La denuncia contra el magistrado José Miguel Trujillo Salceda, se establece que no actuaba solo, toda vez que los depósitos en cuentas en los Estados Unidos, así como los abusos al personal de su tribunal, los hacía por conducto de sus colaboradores cercanos.

Entre éstos, la denuncia establece a Lauro Ángeles Pérez, Dina Raquel Ramírez Vazquez, Erick García Jáuregui, Raúl Alonso Bracamontes Alday, Gabriela Reyna Soria, José Óscar Federico Haro Loya y Rafael Adame Yorba.

En la denuncia se señala los colaboradores cercanos de Trujillo Salceda no realizaban sus labores en el tribunal como servidores públicos, sino que regularmente abandonaban sus labores para realizar los encargos personales del magistrado.

Estas “labores”, precisa la denuncia presentada ante el Consejo de la Judicatura Federal, incluían desde cruzar a los Estados Unidos a realizar depósitos en días y horas hábiles, hasta permanecer en su domicilio a su disposición y solicitar renuncias al personal que se negaban a participar en las actividades del Magistrado.

Dichos funcionarios también tendrían que ser investigados para determinar si incurrieron en faltas administrativas por abusar del personal, abandonar sus labores y participar en actividades ilícitas que no están relacionadas con la función para la cual fueron contratados y pagados por el erario federal, se establece en la denuncia.